El juzgado mercantil número 1 de Tarragona ha fallado a favor de que un transportista de la provincia reciba 101.000 euros en concepto de indemnización, por ser víctima de un cártel de fabricantes de camiones. La sentencia indica que es una «consecuencia de la infracción del derecho de la competencia» y acredita «un sobreprecio medio aplicado por el cártel durante toda su duración». Esas conclusiones son solo la punta del iceberg de los asuntos que copan los juzgados mercantiles de España y Europa y que ya tienen impacto en Tarragona: en los últimos meses se han emitido 18 sentencias que condenan en costas, por el momento, a estos fabricantes: Renault Trucks SASU, MAN Truck & Bus AG, Iveco S. p. A. e Iveco Magirus AG.
Estas resoluciones judiciales, pendientes de recurso a la Audiencia Provincial, afectan a 119 camiones adquiridos por compañías o empresarios de la provincia, que compraron sus vehículos a precios inflados a raíz del pacto previo entre esas marcas.
Todo comenzó en 2016, cuando la Comisión Europea anunció una multa de más de 3.800 millones de euros a seis de los principales fabricantes de camiones a nivel europeo –DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Scania, MAN y Renault-Volvo– por pactar los precios de venta entre los años 1997-2011.
Casi 300 empresas afectadas
Aquello no fue más que el comienzo, porque los transportistas que supieron que habían pagado sobrecostes empezaron a inundar los juzgados de demandas para recuperar su dinero. Los datos en la provincia ilustran la magnitud del problema: a finales de 2019 se rondaban las 300 empresas que habían reclamado en el único –y saturado– mercantil de la provincia, lo que se traducía en un aluvión de 160 demandas y más de 1.000 camiones afectados. Superado el parón y la ralentización de los momentos más duros de la pandemia, las primeras sentencias ya empiezan a desatascar este macroproceso, generalmente a favor del sector del transporte. Dentro de esos reclamantes hay tanto grandes empresas como autónomos que trabajan en el transporte. Incluso hay alguna compañía tarraconense que tiene hasta 70 camiones afectados, por los que pagó un sobrecoste durante los 14 años en los que se prolongó el entramado.
Bruselas impuso la sanción en 2016 por haber pactado los precios de venta de los camiones, haber obstaculizado la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones y haber repercutido a los compradores los costes de aplicación de esos mecanismos. Además de fijar los costes, endosaron en los clientes los precios del cumplimiento de las normativas de emisiones más estrictas de la UE. En los encuentros entre compañías, que se realizaban varias veces al año, se discutían y en ocasiones se acordaban aumentos de precios. Más allá de la imposición de esa histórica amonestación, la penalización abrió la vía para interponer demandas por parte de aquellos empresarios que compraron algún vehículo durante la época en la que se prolongaron los acuerdos.
Es difícil cuantificar las cantidades a las que las empresas afectadas de la provincia tendrían derecho. El despacho de abogados CCS (Caamaño, Concheiro & Seoane), que ha aglutinado la mayor parte de estos asuntos en Tarragona, hace alguna estimación. «Los tribunales mayoritariamente confirman los cálculos hechos por nuestros peritos, que cifran la indemnización media por camión en torno al 16,35% (varía en función del año de compra) del precio de los camiones más los intereses que correspondan desde la fecha de adquisición», explica el abogado Pedro González.
El letrado aclara que «la indemnización media es difícil estimarla porque depende del año de compra y también del número de camiones afectados», aunque «hay que tener en cuenta que hay camiones adquiridos en 1997 (y la actualización del sobrecoste incide en la indemnización)».
Prácticas «intolerables»
El sector del transporte celebra estas primeras resoluciones a favor y la importancia de resarcir a los empresarios, a pesar de que el proceso hasta poder cobrar es arduo. «Todas las empresas tienen que ser conscientes de que hay que perseverar para dejar claro que estas prácticas son intolerables», explica Josep Lluís Aymat, director de la Federació d’Autotransport de Tarragona (FEAT). Este representante del gremio alerta de la dimensión de los litigios: «El cártel operó durante mucho tiempo. Prácticamente todas las empresas del territorio compraron vehículos en algún momento. Están involucrados los fabricantes más importantes de Europa y prácticamente todo el transporte está perjudicado».
Eso sí, Aymat denuncia los obstáculos que marcan todo el proceso. Ahora los demandantes tienen que probar el daño causado aportando pruebas periciales. Esos tests requieren la colaboración de consultores y expertos técnicos, además de meses de trabajo. Aymat apunta a otro inconveniente: «Estas marcas pagaron rápidamente a cambio de que se declarara secreto todo el expediente, por lo que hay que reconstruir todas las pruebas y no se pueden utilizar las investigaciones que se han hecho ya desde el ámbito de la competencia. Así todo está costando mucho más».
Multa cuantiosa
Es decir, estos gigantes del motor abonaron una cantidad en forma de multa pero no se hicieron públicos los detalles de la investigación, que habrían servido para facilitar y agilizar las posteriores reclamaciones en la justicia. «Ha quedado claro que el cártel existió. Se pagó una multa muy cuantiosa. Toda la investigación y las declaraciones de los responsables se deberían haber hecho públicas y puesto a disposición de los tribunales. Se llegó a un acuerdo para pagar y no publicar eso. Permitir eso dice mucho de la Europa que tenemos». De ahí que Aymat crea que «la única cosa que debería valorar un tribunal es en qué tanto por ciento resultó perjudicado un comprador, pero no hay que entrar en la existencia o no del cártel, que está de sobras acreditada». Aymat considera que la batalla va para largo, puesto que «los fabricantes no se conformarán con la primera instancia porque se están jugando una cantidad monstruosa de dinero».
Cada propietario demanda en función de las marcas afectadas. Si alguien adquirió vehículos de dos compañías, interpone otras tantas demandas. «Hay mucha tipología de demandantes, desde pequeños autónomos con un camión hasta empresas de distribución grandes con flota propia», explica Pedro González. El número medio de transportes reclamados por procedimiento oscila entre cinco y siete, salvo en grandes flotas, donde puede haber numerosos tráileres afectados.