«El Juzgado de Familia de Reus, –el de 1ª Instancia número 7– recibe numerosos asuntos al año y desde que entró en funcionamiento en septiembre de 2018, ha tenido ya tres jueces distintos», expone la decana del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus (ICAReus en adelante), Encarna Orduna.
De hecho, como recuerda la Audiència Provincial de Tarragona en la memoria de 2021, habiendo superado la paralización de la actividad judicial de 2020 el año pasado estuvo marcado por «limitaciones de aforo, medidas sanitarias y bajas» producidas por el virus, entre otras situaciones, y la pausa por el confinamiento estricto incrementó luego la entrada de asuntos, provocando así una sobrecarga de trabajo. La «movilidad de la plantilla judicial, con traslados y excedencias», es otro de los factores que destaca el documento y que hace aún más compleja la organización de la actividad de los juzgados. Algo en lo que Orduna incide: «Necesitamos estabilidad y sería importante buscar a sustitutos formados en materia procesal, para así descargar el nivel de trabajo existente».
La memoria analiza la situación del año pasado a nivel provincial y cifra en más de 70 las llamadas realizadas, en este caso, a jueces sustitutos y magistrados suplentes durante dicho año. Se apunta que la llegada de 15 nuevos jueces en diciembre de 2021, venidos de la Escola Judicial, palió la «desertización endémica» de jueces que achaca a la provincia y a toda Catalunya. Orduna explica que «la mayoría de ellos llegan de fuera del territorio catalán destinados aquí, pero a la larga acaban marchándose hacia su lugar de nacimiento o, al menos, más cerca de este».
Los refuerzos
Su marcha, comenta, provoca «desajustes, no permite mantener la continuidad que los diferentes asuntos requieren». «El Govern de la Generalitat tiene previsto cambiar la situación poniendo en marcha unas becas el año que viene para personas que quieran opositar a juez. El fin es ocupar vacantes con magistrados de aquí», indica. «A veces ponen jueces para ayudar, es algo que ya reivindicamos», comenta Orduna, que añade que se han habilitado planes de refuerzo para ayudar a juzgados como los de Penal –en 2021, se puso en marcha una comisión de servicio en los dos existentes y este 2022 se volvió a articular de nuevo–.
Se incluyó, además, otra comisión de servicio para el juzgado Social, sobre el que la decana del ICAReus subraya que «seguimos necesitando la existencia de un segundo juzgado de este tipo, puesto que con uno no hay suficiente; los temas laborales que llegan son considerables». El documento de memoria ya contempla proponer, «nuevamente», otro juzgado Social en la capital del Baix Camp. Y es que si observamos las cifras de 2021, se trata del juzgado que tiene «la mayor entrada de asuntos de la provincia y el que más ha resuelto»; por lo que la cantidad de asuntos pendientes (litispendencia) no ha subido. El documento, además, hace constar que ha mejorado su tiempo de respuesta a 13 meses, algo muy distinto en 2020, que fue de 18. Ocurre lo mismo con las ejecutorias.
La carga de trabajo en 2021 superó, por otro lado, el 85% de su capacidad prevista, siendo esta de 800 asuntos por año y al haber tenido una entrada de hasta 1.482 asuntos.
La problemática de la movilidad judicial afecta especialmente a los juzgados de primera instancia, de los que, en 2021, se registró una menor entrada de asuntos (8.992), siendo su capacidad máxima de 1.200 por año –incluyendo la jurisdicción voluntaria y la ejecución–. Son juzgados con una carga de trabajo que rebasa en un 33% su capacidad; algo que continuó ocurriendo en 2020, rebasando un 20%.
El Juzgado de 1ª Instancia número 1 es el que menos asuntos resuelve: en 2021, generaron 675 sentencias e interlocutorias y en 2020, 566; con una media de los demás juzgados de 830. El número 1 se trata «del tercer juzgado de todo Catalunya con mayor litispendencia de los de su clase» (21 meses, ante nueve de media de los demás).
A pesar de todo, «se vuelve las cifras prepandemia» y de los asuntos recibidos en instancia se resolvieron más de 8.000, un 24% más que en 2020. Por lo que se refiere a ejecuciones, entraron 2.219 y se resolvieron 2.723. El tiempo medio de respuesta fue de nueve meses: el juzgado con menor tiempo, el 5 (5,4); y, el que más, el 1 (21).
Sobre los juzgados de Instrucción, que son cuatro en total, Orduna apunta que se produce una «reorganización» que no cesa y, a menudo, se echan en falta más recursos humanos. «Están de guardia 24 horas una semana al mes, en la que paralizan la actividad habitual para asistir a la persona detenida y cuando la terminan tienen que reorganizarse de nuevo, con lo que tenían pendiente», manifiesta.
Y continua: «En el caso de que el delito de instrucción sea leve, todavía; pero si es grave y lo derivan al Juzgado Penal supone un incremento de trabajo; habría que reforzar el servicio con más jueces o juezas, para ayudar a sacar adelante procedimientos y sentencias», propone. Explica que más allá de los recursos humanos o de contar con más juzgados, también hacen falta «recursos económicos, todo va de la mano», sostiene.
La carga de trabajo en 2021 de los Juzgados de instrucción fue de «un 21% de media por debajo de su capacidad», que es de 3.300 asuntos/año. En este sentido, aunque el funcionamiento es descrito como «óptimo», preocupan causas «con años de instrucción, como el Cas Innova, iniciado en 2012, y del que aún quedan tres piezas en curso».
La entrada de asuntos volvió a la normalidad tras la Covid (10.663), al igual que la resolución (10.794), la pendencia se redujo a un 7% en global. Las ejecutorias decrecieron (171, en 2021; 180, en 2020), se resolvieron un 5% menos y el tiempo medio de respuesta fue de 3,75 meses.
Los Juzgados Penales de la ciudad vieron decrecer el año pasado la entrada de asuntos respecto al 2020. Fueron 412 de media, cuando en 2020 fueron 502, también de media; con lo que está dentro de su capacidad. Esta reducción de entrada ha permitido incrementar el número de resoluciones y, por ende, reducir la litispendencia. El rasgo que preocupa de estos juzgados es la ejecución, cuya litispendencia se incrementó en ambos casos con una media de 45%, con especial atención en el Juzgado Penal Número 2, que incrementó la pendencia hasta las 1.478 ejecutorias.
Por otro lado, la carga de trabajo del Juzgado de Familia en 2021, se encontró por debajo del límite de su capacidad –1.323 asuntos/ año, con la jurisdicción voluntaria y la ejecución– con lo que no llegó a desbordar y su funcionamiento es «óptimo». El tiempo estimado para dar respuesta a los asuntos, aun así, es de ocho meses, algo que consideran «excesivo». La entrada de asuntos ha disminuido respecto a 2020: 1.118 asuntos, en 2021; y 1.081, en 2020. La cantidad de asuntos pendientes es similar que el año anterior. El número de ejecuciones también disminuye respecto al 2020 y se resolvieron un 28% más.
Sacar rendimiento a los juzgados VIDO exclusivos
Una de las propuestas expuestas por el presidente de la Audiència Provincial de Tarragona, Joan Perarnau Moya, en la memoria de 2021, fue la de estudiar detalladamente «y si fuera el caso», la promoción de planes de comarcalización en materia de violencia sobre la mujer; de manera que, los juzgados de Violencia Doméstica (VIDO) exclusivos de Tarragona, Reus y El Vendrell extendieran la jurisdicción a otros partidos judiciales cercanos, dada «la infrautilización» de estos. La capacidad de los tres juzgados especializados de la provincia es la misma: el módulo de ingreso legalmente previsto admite hasta 1.600 asuntos por año y la carga de trabajo en los tres casos no alcanza el umbral marcado.