Y cito: «El ciudadano tiene derecho a estar enfadado y a mostrar su desacuerdo contra cualquier resolución judicial, pero la crítica irresponsable de muchos representantes públicos (políticos, sociales y mediáticos) ha servido para generar una sombra de duda sobre una labor, la judicial, que sólo tiene un objetivo: imponer la certeza allí donde hay conflicto. A lo que no tiene derecho el ciudadano es a recibir opiniones imprudentes. (...) Hoy es el ‘prusés’ o ‘La Manada’, pero, más tarde, será otra cosa».
Así se expresaba en mayo de 2018 Diego Álvarez de Juan, juez decano de Reus, en un artículo de opinión publicado en estas mismas páginas. Esa «otra cosa» ha sido en los últimos días la problemática de las ocupaciones y la presencia del juez en dos programas de televisión para aclarar conceptos y rebatir determinadas ideas se ha viralizado en las redes sociales.
Tras su paso por Espejo Público de Antena 3, los tuits con el clip de su intervención y el debate con los tertulianos alcanzaron decenas de miles de retuits y millones de visualizaciones. «Un magistrado alcanza el estrellato en Twitter después de desmontar el bulo de que si ocupan la casa donde vives, te la quitan», escribió Rebeca Carranco en El País, aunque las palabras de Álvarez de Juan no sólo acumularon infinidad de likes, también una legión de detractores.Uno de los momentos estelares fue cuando el juez cambió la toga por el guante de boxeo y le replicó al periodista Antonio Naranjo: «A quien he llamado populista no es a la víctima, es a usted».
Explicarse
La escena ha tenido continuidad esta semana en Cuatro al día, con Diego Álvarez reafirmando sus argumentos frente a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el periodista Carlos Cuesta, cuya insistencia en la leyenda urbana que pasadas 24 ó 48 horas de una ocupación ya no se puede hacer nada no les dejó en muy buen lugar.
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Reus volvió a explicar que los jueces tienen los instrumentos legales suficientes para practicar los desalojos de manera inmediata cuando las ocupaciones pueden ser constitutivas de delito y el procedimiento sigue la vía penal: «Si se conjugan correctamente esos factores, se puede echar a un ocupa en pocas horas. No existe ninguna previsión legal de ningún tipo que convierta en legítima una ocupación por el paso de 24 o 48 horas».
A lo que añadió: «En el partido judicial de Reus actuamos de esa manera», con lo que los ciudadanos que vivimos en esa demarcación deberíamos sentirnos protegidos por la justicia si somos víctimas de un allanamiento de morada, aunque probablemente esa no es la sensación imperante.
Siempre es instructivo y esclarecedor escuchar a un juez cuando se debate sobre polémicas legales de gran impacto. No porque sus palabras tengan que ser dogma de fe, ni invaliden cualquier opinión divergente, sino porque aportan criterio y experiencia jurídica en foros donde abundan los lugares comunes y los bulos más o menos interesados.
Creo que no desveló ningún off the record si explico que desde tiempo atrás el juez Álvarez es una persona especialmente preocupada por las reticencias de la justicia a explicarse más allá de sus autos y sentencias, y de su poca capacidad de llegar con voz propia a la opinión pública.
En una visita al Diari, no recuerdo si a finales de 2017 o principios de 2018, nos trasladó esa voluntad de romper con ese viejo tabú y de tener presencia en los medios de comunicación para que la audiencia conozca de primera mano el marco legal y las razones que determinan las resoluciones judiciales. Y también los problemas estructurales de la justicia, como el déficit de recursos. Diego Álvarez es el juez instructor del caso Innova y quienes han seguido sus autos saben bien que se ha prodigado sobre el asunto.
Aquel encuentro coincidió con un contexto político-judicial ya muy envenenado, aunque ni periodistas ni jueces imaginábamos que tiempo después íbamos a conocer episodios añadidos tan poco edificantes para ambos colectivos como los que se desprenden de algunas grabaciones del excomisario Villarejo.
En aquella conversación también supimos que antes de licenciarse en derecho por la Universidad de León, el juez Álvarez llegó a iniciar los estudios de periodismo. Un detalle quizá significativo, a la vista de todo lo relatado anteriormente.
