Las okupaciones ilegales siguen siendo una de las problemáticas del barrio Gaudí de Reus. La semana pasada se registró el último caso. El propietario de un piso del número 9 de la Avinguda Barcelona, en el bloque rojo, se encontró la vivienda okupada el pasado miércoles.
Los okupas habían cambiado la cerradura de la puerta. Según explica el abogado del propietario, Jonathan Cortijo, los antiguos arrendatarios habrían facilitado las llaves del domicilio a los okupas, ya que la puerta de la vivienda era ‘antiokupas’ y no hubieran podido acceder dentro del piso sin tener las llaves o reventar la puerta.
El propietario ya había tenido problemas con los antiguos arrendatarios para que pagaran el alquiler. Aun así, llegaron a un trato. Les perdonaron la deuda de 1.700 euros, si les entregaban las llaves de la casa. Y así lo hicieron y entregaron las llaves al administrador de fincas.
El abogado del afectado sostiene que «hay indicios que hacen pensar que se trata de un grupo u organización criminal» que se dedica a okupar viviendas. Antes de entregar las llaves, los antiguos arrendatarios habrían hecho una copia y se las habrían entregado a una mujer que presuntamente se encarga de hacer de intermediaria con los okupas. En este caso, una de las okupas sería la hija de la mujer.
El propietario denunció lo sucedido a la Guàrdia Urbana. Los actuales okupas explicaron que habían alquilado la vivienda a un hombre de origen rumano al que le dieron una cantidad de dinero a cambio, sin hacer contrato, y de quién no tienen más datos y que ya había vuelto a su país.
Los nuevos inquilinos dijeron que estaban en la vivienda desde el sábado 3 de abril. La policía local los identificó y abrió diligencias. Según Cortijo, en este caso «puede calificarse como allanamiento de morada porque es una vivienda destinada al alquiler –no en casos de viviendas abandonadas–». La policía no actúa devolviendo la posesión al propietario porque existe la norma no escrita de considerar domicilio de los ocupantes si estos llevan más de 48 horas en la vivienda. En estos casos prefieren esperar a que sea un juez quien ordene el desalojo de la vivienda, pero según indica el letrado, podrían actuar de otro modo si entendiendo que hay un allanamiento de morada, detuviesen a los okupas.
Ante esta injusticia, el pasado viernes el propietario, a través de su abogado, decidió ir por la vía penal y presentó una querella contra los okupas, los antiguos inquilinos y la persona intermediaria ante el Juzgado de Guardia de Reus. El letrado solicitó al juez que desalojara la vivienda como medida cautelar.
El Juzgado de Guardia admitió a trámite la querella de forma urgente. Ayer estaban citados a declarar el propietario, los okupas e la mujer intermediaria.
La Guàrdia Urbana no consiguió localizar a los okupas durante el fin de semana para avisarles de la citación judicial y ayer no acudieron a declarar, a pesar de que estos fueran vistos por los vecinos trasladando muebles a la vivienda durante todo el fin de semana. Están citados de nuevo hoy por la mañana.
Según Cortijo, no existen ninguna ley penal especial que imponga medidas de protección en casos de ocupación, pero defiende que se puede acudir a la ley ordinaria, que ya existe, para solicitar estas medidas al juez. «A finales del año pasado salieron unas directrices de Fiscalía (Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre) ordenando a los fiscales que pidan estas medidas», dice. A raíz de esta instrucción se han empezado a aplicar en casos como este. El abogado tan solo tiene constancia de que en Reus se hayan tomado medidas cautelares de este tipo en dos ocasiones.
Si el juez finalmente decide tomar medidas cautelares y desalojar la vivienda, el propietario podría recuperar hoy mismo el inmueble. Denunciar por la vía civil podría retrasar todo el proceso entre dos y tres meses.
En este caso, al tratarse de una okupación ilegal la ley no ampara a los okupas. Las reformas de la ley que se hicieron a raíz del Estado de Alarma, «eran para impedir desahucios de personas que no sean okupas», dice Cortijo.
Los antiguos arrendatarios también serán investigados para determinar si cometieron un delito de estafa. El abogado del propietario espera que la querella no tan solo sirva para que el propietario recupere su casa, sino para poder desmantelar «esta organización» y solucionar el problema de fondo.
Según explican, los vecinos han recibido amenazas por parte de los okupas y están asustados ante esta situación.
Los vecinos del barrio Gaudí se han organizado en grupos de WhatsApp para evitar okupaciones y avisan cuando ven algún movimiento extraño por el barrio, y si es necesario alertan a la Guàrdia Urbana.
Los vecinos del barrio Gaudí crearon grupos de WhatsApp para evitar okupaciones ilegalesEntre finales del 2020 y principios de este año, los vecinos lograron frenar cinco okupaciones en menos de tres meses. Ya hace tiempo que dicen que «no se trata de personas que okupan por necesidad sino de grupos organizados» y que dejan las viviendas «destrozadas». Aseguran que son los mismos que actúan en otras zonas de la ciudad, como por ejemplo, el barrio del Carme.
Los vecinos tienen contabilizados hasta 27 pisos okupados en todo el barrio. Respecto al mes de agosto del año pasado, la cifra de pisos okupados se habría doblado, ya que entonces los vecinos tenían localizados entre 10 y 12.
Uno de los que más preocupa a los vecinos, es el bloque verde. Aseguran que se trata de la «mancha negra del barrio» donde la situación está «más descontrolada» porque no ha habido tanta organización vecinal. Algunos vecinos del bloque han intentado vender su piso porque tienen miedo y se sienten «coaccionados» por los okupas.
Desde el Ayuntamiento de Reus recuerdan que el problema de la vivienda existe en Reus y en todo el país. Defienden que el margen de maniobra municipal «es muy limitado» y se ha reclamado un pacto nacional o estatal de vivienda. El consistorio asegura que trabaja en la detección y denuncia de okupaciones ilegales conflictivas a través de un protocolo municipal. Con la implicación de las concejalías de Seguretat, Urbanisme y Benestar Social llevan a cabo campañas de asesoramiento y acompañamiento a las entidades vecinales para hacer frente a las okupaciones ilegales. En caso de okupación recuerdan que es el titular de la vivienda quién debe ponerlo en conocimiento del juez. Y dicen que la Guàrdia Urbana puede actuar cuando tiene conocimiento de que se producen hechos delictivos y para garantizar la convivencia.
El Ayuntamiento también trabaja para evitar que las familias pierdan su vivienda buscando soluciones para las familias vulnerables no conflictivas. Durante el 2020 el consistorio consiguió frenar 96 desahucios.
El Consell Municipal de l’Habitatge también ha empezado a trabajar en la gestión municipal de las okupaciones ilegales.
