Sin empresas que los ejecuten. Así se ven algunos de los proyectos estrella del gobierno local para este mandato. El sistema de bici compartida, un paquete que Reus Mobilitat i Serveis tuvo que retocar y cuyo último lote acaba de salir a concurso por tercera vez; el GastroMercat, para el que el Ayuntamiento sigue tratando de captar el interés de algún operador pese a que la consulta de mercado finalizó oficialmente en enero; o la instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos, parcialmente desierta y que debió ser licitada en segunda ronda, son algunos de ellos. Enredándose en la contratación, los planes municipales se demoran.
Fuentes municipales consultadas al respecto explican que «los motivos son diferentes en cada caso y pueden venir dados por cuestiones técnicas de las propias licitaciones, los precios y más factores». Recuerdan que «la Llei de Contractes del Sector Públic ya prevé qué hacer si los procesos quedan desiertos y es lo que hace el Ayuntamiento, igual que cualquier otra Administración».
La oposición acusa al gobierno de no ajustarse a la realidad de los costes, desaprovechar los recursos propios y plantear condiciones e ideas de cuestionable viabilidad y que son poco atractivas para las empresas.
La bici compartida es el caso más reciente. El Ayuntamiento sacó a concurso el contrato para el despliegue de este sistema, con un presupuesto de 2.201.595 euros, en mayo. Incluía cinco lotes: la reforma de un local en la calle Joan Martell para los servicios logísticos, la instalación de estaciones y anclajes, el suministro de 250 bicis, el suministro de 21 estaciones y 483 anclajes, y el sistema informático de gestión. Tres lotes –local, suministro de anclajes y bicis– no recibieron ofertas. Reus Mobilitat lo achacó a la crisis de suministros, modificó los pliegos e inició una segunda licitación en junio. Tras quedar desierto por segunda vez, el último lote, el del suministro de bicicletas, está de nuevo disponible.
Hacerse cargo
«Es preocupante el hecho de que el Ayuntamiento tenga que repetir tan a menudo las mismas licitaciones hasta encontrar empresas que quieran hacerse cargo del proyecto», lamenta el concejal del PSC Daniel Marcos, que apunta que «pasó con el contrato de la basura y, ahora, con el sistema de bici compartida». «Es evidente que el coste de materiales sube, pero esto hay que preverlo en las licitaciones», añade.
Por su parte, Mònica Pàmies, concejala de la CUP, expresa que «no estamos de acuerdo con externalizar y ya pedimos que se optimizase lo que hay». «El sistema informático es muy similar al que ya existe para los buses o la zona azul y podría ampliase en vez de encargar otro», indica. Pàmies destaca que «hay un montón de bicis almacenadas en el espacio de retirada de vehículos municipal y pedimos que el gobierno contactase con la cooperativa L’ Escamot que las repara y da trabajo a gente recién llegada, para el servicio». Además, «el Institut Domènech i Montaner de Reus y el Narcís Oller de Valls tienen alumnos de grado que aprenden a hacer reparación».
La portavoz de Cs, Débora García, llama al gobierno a «plantearse si quiere perder el tiempo o avanzar». «No culpabilizamos a la Administración de la inflación o el desabastecimiento, pero sí de no adaptarse a la nueva situación», añade. García valora que «si nadie concurre, el problema lo genera la Administración» y que «las empresas quieren trabajar, pero no a pérdidas». «Hay propuestas que no son atractivas», critica.
En cuanto al GastroMercat, el gobierno inició en octubre dos meses de consultas con operadores privados para conocer el interés en la creación y explotación de un espacio de restauración en la fachada del Mercat Central. Ya en enero, el Ayuntamiento confirmó que no había recibido propuestas en firme. La intervención abarcaba la demolición del espacio interior donde se encajarían los restaurantes, la apertura de la fachada principal y la construcción de una nueva marquesina, entre otros. La inversión a asumir por el operador se fijó en 700.000 euros. El gobierno afirma que sigue trabajando para sacar el planteamiento adelante.
Marcos resalta que «es una iniciativa que hay que pensarla mejor, ya que actualmente no hay demasiada gente que se acerque al Mercat a mediodía para comer y con el proyecto del GastroMercat no hay ninguna garantía de que esto mejore». Por eso, el socialista propone «presentar a los Fondos Europeos una mejora del Mercat del Carrilet».
Según Pàmies «el GastroMercat se basaba en Next Generation asociados a cargadores eléctricos de bus, cuando los nuestros no lo son, y cayó». «El gobierno nos dice que ha vuelto a solicitar fondos», explica, y precisa que «allí ya se ha hecho inversión». La concejala de la CUP plantea que «quizá los operadores quieran organizarse por su cuenta y no con lo que marque Reus Mobilitat» y se pregunta si el modelo tendría éxito en Reus. En Cs, García dice que «ideas como esta a lo mejor un privado no las ve como la Administración» y dice que «también está complicado por los requisitos de ir junto al Mercat».
Otro propósito que no ha prosperado a la primera es el de colocar placas solares en 14 equipamientos. Reus Energia sacó a concurso la elaboración de proyectos en abril, con un presupuesto de 58.099 euros. Ninguna empresa formuló ofertas para las placas del Pavelló Olímpic Municipal, la Escola Pi del Burgar, la Escola La Vitxeta, la Escola Mowgli, la Escola Isabel Besora, el Tecnoparc ni las de la Central de Recollida Neumàtica, tal como confirmaron fuentes municipales. Estos lotes volvieron a salir a concurso en junio. El Ayuntamiento no ha detallado si se han recibido propuestas esta vez.
«Se presupuesta a la baja»
La oposición coincide en que «hay un boom con las placas» y la falta de propuestas «se explica por el precio», como dice García. «El Ayuntamiento ha presupuestado a la baja», opina Marcos. «Esto también podría haber provocado que solo se hubiera presentado una empresa y que, quizás, el material no fuera de buena calidad para que saliese rentable a la empresa», avisa el socialista. Pàmies recuerda que «en vacaciones las escuelas cierran y esa energía debería ir a contrarrestar la pobreza energética».
Dentro del mandato, iniciativas estrella como el Centre Social El Roser o el Pavelló del Molinet también afrontaron obstáculos en la contratación, igual que otras como la explotación del restaurante del Gaudí Centre o el servicio de grúa.
