El Mercat del Carrilet es el pedrusco en el zapato del gobierno municipal de Reus. A cada día que pasa la llaga se agranda y sigue sin aparecer el tratamiento para cauterizarla, como quedó de manifiesto en el pleno municipal del pasado viernes, donde además se cumplió aquello de que toda situación mala siempre tiende a empeorar. Si hasta ahora el cierre del Carrilet sin un proyecto alternativo que lo amortigüe constituía un borrón en la estrategia comercial y de cohesión urbana del Ayuntamiento, la mancha se ha extendido a la política de participación ciudadana a raíz de una moción conjunta de toda la oposición. Y tampoco será fácil borrarla.
Hay dos fotos que perseguirán siempre, o al menos durante esta legislatura, al alcalde Pellicer, a la vicealcaldesa Llauradó y a los concejales de Junts per Reus y ERC que posaron con ellos. Son aquellas de la campaña electoral de las municipales de 2019, en que ambas formaciones celebraron actos junto al Mercat del Carrilet en los que anunciaron sus propuestas para reformarlo y potenciarlo, así como para dinamizar su área de influencia.
Medio año después de ganar las elecciones, lo que acabaron decidiendo fue su cierre en junio de 2021 ante la bajísima ocupación, el déficit que genera a las arcas municipales, los problemas estructurales del edificio y el fracaso de las conversaciones para encontrar un operador comercial interesado en instalarse en el equipamiento y garantizar su viabilidad económica. La quincena de paradas existentes quedaban condenadas.
Sin plan alternativo conocido
El argumentario del Ayuntamiento, que parecía sólido, comenzó a tambalearse cuando no pudo ofrecer un proyecto alternativo, ni concretar cuáles son los planes que insinúa tener en cartera, ni explicar la visión de largo alcance sobre el futuro de la zona en la que asegura estar trabajando.
La evolución de los acontecimientos ha debilitado aún más la posición del consistorio, porque el calendario ha venido envenenado. Cabe recordar que la decisión de cerrar se anunció en febrero de 2020, un mes antes del estallido de la pandemia. En el nuevo contexto, con infinidad de tiendas, empresas y autónomos liquidados o en graves apuros, obligar al cierre sin más de una quincena de establecimientos en activo es una temeridad. Y resulta contradictorio con el discurso de apoyo al pequeño comercio, con las ayudas con fondos públicos al comercio local, con la promoción del consumo de proximidad, con la lucha contra la desertización comercial... Es difícil no percibirlo como una incongruencia.
A todo esto, el PSC, la CUP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Raúl Meléndez –es decir, la oposición municipal al completo– proponen una consulta popular sobre el cierre del Mercat del Carrilet, al amparo del flamante reglamento de participación ciudadana aprobado por el Ayuntamiento a principios de esta legislatura.
La decisión del gobierno municipal ha sido vetarla haciendo valer su mayoría absoluta. O, para ser más exactos, proponer un proceso participativo alternativo para cuando exista un proyecto de transformación urbana del barrio, lo que en la práctica significa preguntar a la ciudadanía sobre el futuro del mercado meses o años después de clausurarlo.
Para rebatir esta contrapropuesta, los partidos de la oposición sólo tuvieron que recurrir al sentido común: consulten primero sobre el mercado antes de echar el cierre en junio, porque hacerlo después es un sinsentido, y cuando llegue el momento promuevan otro proceso participativo sobre los planes de reforma en profundidad del conjunto del área.
La consulta, para otra ocasión
A la concejal de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, le correspondió el peliagudo papel de rechazar la consulta popular esgrimiendo una alternativa indeterminada y a largo plazo. Como desde hace tiempo le sucede al equipo de gobierno en este asunto, Flores no tuvo otro recurso que apelar a la fe en sus palabras, porque de ese proyecto más amplio en extensión, ámbitos, tiempo y recursos sigue sin haber concreciones, más allá de la tan reiterada como indefinida alusión a una nueva centralidad en el sur de la ciudad.
Una disonancia y una incomodidad añadidas planearon sobre el debate del viernes: ver a dos formaciones como Junts per Reus y ERC, tan comprometidas con el derecho y la necesidad de poner urnas para conocer la voluntad popular –y que pagan precios tan altos por intentar ejercerlo–, echar balones fuera cuando se les reclama una consulta ciudadana.
Probablemente, la conclusión más evidente del pleno es que ya conocemos los límites de los procesos participativos que piensa impulsar el actual ayuntamiento. Y estos son no preguntar nada que pueda contravenir la voluntad o las decisiones del gobierno municipal.