H ace a penas unos días revivíamos una de las noticias que mayor revuelo mediático habrán provocado en Reus. Me refiero a la muerte de Rosa Pitarch, la anciana que fallecía a causa del incendio provocado por una vela que utilizaba porque tenía la luz cortada por impago. Una tragedia que este 2021 cumple cinco años y que ha regresado, de nuevo, al primer plano de la actualidad por su derivada judicial.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado la sanción de 500.000 euros que la Generalitat había impuesto a la compañía Naturgy por no informar de las facturas impagadas antes de cortar la electricidad a la fallecida. La sentencia, conocida la semana pasada y que todavía no es firme, ha levantado numerosas críticas. No ha tenido la cascada de reacciones a todos los niveles que se dieron en el pasado (con rechazos del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, o de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otros) pero tampoco han pasado desapercibidos.
En Reus, donde la pobreza energética mostró su cara más virulenta con la tragedia de Rosa, también se organizó una protesta contra la anulación de la sanción impuesta por la Generalitat. Una marcha que terminó en la oficina que la eléctrica tiene en el paseo Sunyer.
A la espera de ver el desenlace definitivo de la sentencia, la línea de la anulación es totalmente comprensible que genere un rechazo frontal. Más todavía en los momentos actuales, en los que la pandemia ha agravado las dificultades económicas de muchas familias. Sólo como ejemplo, y teniendo en cuenta que son datos preCovid, según el Informe de actualización de indicadores 2020 de pobreza energética el 6,6% de la población sufre retrasos en el pago de las facturas de los suministros, el 7,6% no puede mantener una temperatura apropiada y el 16,7% tiene un gasto energético desproporcionado respecto a sus ingresos. Datos para reflexionar.
Acuerdo sin precedentes
También existe el factor de comprobar la exención de responsabilidades en la aplicación de unos mecanismos que deben ayudar a los más necesitados. Aún así, casos como el de Rosa sí que han ayudado a que las cosas cambien. Hace tres semanas, la Generalitat y las administraciones locales firmaban con Endesa un acuerdo para condonar la deuda acumulada de 35.000 familias vulnerables. El convenio regula, además, el coste de la pobreza energética a partir de 2021, que la compañía asumirá en un 50%, dando valor a la aplicación de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda.
La Covid nos ha recordado, precisamente, que tras las cifras existen dramas familiares como los de la anciana fallecida en Reus. En este caso, pude conocer algunos episodios a través de sus familiares y durante una breve y sorprendente entrevista. Detalles que deja tu vida profesional y que ya no olvidas.
