Las primeras medidas del presidente Javier Milei provocaron espontáneas manifestaciones de protesta en Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba y otras ciudades argentinas. Vecinos de distintos barrios se nuclearon en plazas públicas recuperando el ya clásico ‘cacerolazo’, donde los manifestantes acompañan sus reclamos golpeando sartenes y enseres de cocina con cucharas o palos.
El llamado ‘Decreto de Necesidad y Urgencia’ contiene una serie de medidas desreguladoras. Incluye la derogación de la vigente Ley de Alquileres, la prohibición del derecho de huelga, la conversión en sociedades anónimas de las empresas estatales con intención de privatizarlas e importantes reformas regresivas sobre la salud pública. En cuanto a los seguros sanitarios privados, ahora podrán fijar libremente los precios. Abogados constitucionalistas señalan que Milei se arrogó facultades legislativas del Congreso y estiman que estas medidas serán denunciadas judicialmente.
Milei fue elegido tras una campaña electoral donde utilizó como bandera «terminar con la casta política»; un anzuelo para una sociedad cansada de estafas post-electorales. Contó con el apoyo de grandes grupos económicos y financieros. También de quienes en su momento apoyaron a la dictadura militar. Pero sus medidas lo ponen en evidencia. No recuerdo que un presidente electo por voto popular en Argentina haya tenido un rechazo tan contundente a pocos días de asumir el cargo, solo con anunciar sus primeras decisiones.
Sucede que su ‘decretazo’ incluye medidas que afectan directamente a los trabajadores. Dispone restricciones sobre el derecho de huelga, plantea la flexibilización laboral y autoriza jornadas laborales de hasta 12 horas. Milei también prevé formas inéditas para aplicar represión policial ante eventuales protestas o concentraciones, como identificar manifestantes para quitarles subsidios o ayudas. El decreto, de 300 medidas, incluye la prohibición de que el Estado intervenga para controlar los precios de los alimentos, bienes básicos, alquileres.
El desguace del Estado argentino programado por Milei puede incluir a la histórica petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), posibilidad que ya tiene un amplio rechazo social de sus técnicos y trabajadores (ya fue vendida por la presidencia de Menem a Repsol. Y recuperada con un alto coste para el país durante el gobierno de Cristina Fernández).
El capítulo de derogaciones de leyes incluye la que fijaba el control del EEstado sobre los comercios y desaparece el Observatorio del Control de Precios del Ministerio de Economía. Otra norma que Milei pretende eliminar es la Ley de Tierras, que en defensa de la soberanía nacional, limita la compra de terrenos naturales del país por parte de extranjeros.
El resto de las medidas tienen la misma línea que perjudica a una mayoría de los argentinos y que los analistas las definen como dictadas por el Fondo Monetario Internacional. En síntesis, no solo los trabajadores y los sectores de menores recursos serán los más afectados. Es el país en definitiva. Un veterano legislador afirmó que Milei «ha puesto bandera de remate a la Argentina». El gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, dijo que «a 40 años de su recuperación, la democracia vive uno de los momentos más duros y tristes de su historia».