Hace pocas semanas se ha publicado un libro de gran interés: La defensa de les Constitucions de Catalunya: el Tribunal de Contrafaccions (1702-1713), editado por el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Sus autores son dos prestigiosos investigadores: la Dra. Eva Serra Puig, profesora de Historia Moderna en la Universidad de Barcelona y el Dr. Josep Capdeferro Pla, profesor de Historia del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra.
Ambos tienen una reconocida trayectoria y experiencia en el estudio de los aspectos sociales y jurídicos de la época moderna en Cataluña. Recientemente han presentado el libro en diversas ciudades catalanas, la última de las cuales tuvo lugar en el Centre de Lectura de Reus. Magnifica presentación, con sendas intervenciones de los autores que mostraron al público asistente todo lo que podían encontrar en el libro.
El libro en cuestión es el primero de una serie que está a punto de ver la luz, y trata de un tema poco conocido, por no decir desconocido: la existencia y actuación del llamado Tribunal de Contrafaccions.
Dicho tribunal se creó mediante acuerdo entre el rey Felipe V y las Cortes catalanas, reunidas en Barcelona en los años 1701-1702. Su objetivo principal era el amparo y protección de personas e instituciones que consideraban se hubiera vulnerado alguno de sus derechos a causa de las acciones o decisiones del rey y sus oficiales, o de algún noble.
Hasta ese momento, las posibles contravenciones de la legalidad institucional catalana, recogida en las Constitucions de Catalunya, se resolvían ante la Real Audiencia de Catalunya, cuyos magistrados eran nombrados por el rey. Esta circunstancia creó numerosos recelos en las Cortes y en la Generalitat, que consideraban que más tarde o temprano, los jueces resolvían las causas con una gran fidelidad a quien les había nombrado, es decir, el rey.
A partir de 1702, este nuevo Tribunal de Contrafaccions sería el encargado de resolver como instancia jurídica suprema, sin posibilidad de ulterior recurso, los litigios de este tipo. Estaba formado por seis jueces: tres nombrados por el rey, y tres nombrados por las Cortes catalanas. Las decisiones se tomaban por mayoría de votos, y en caso de empate, se resolvía al azar.
Hasta ahora sólo se conocía su existencia, pero las aportaciones de los profesores Serra y Capdeferro, consultando las sentencias del Tribunal y la documentación de los diversos procesos, nos permiten una aproximación muy destacada a los casos que se presentaron y cómo se resolvieron.
A destacar que Felipe V aceptó la creación de este nuevo Tribunal con más o menos reticencias por lo que podía significar como recorte a la suprema autoridad judicial del rey. Su sucesor, y contrincante, el archiduque Carlos de Austria, hizo todo lo posible durante la guerra de Sucesión para evitar e impedir el funcionamiento del Tribunal.
El libro es una síntesis muy ilustrativa de lo que significaban en la práctica las Constitucions de Catalunya y la defensa de los derechos individuales y colectivos que ellas protegían. Basta leer alguno de los casos juzgados (algunos de ellos relativos a las comarcas tarraconenses: Salou, Miravet, Tortosa y Ulldecona) para comprobar por qué un tribunal de este tipo, muy avanzado para su época, no tenía las simpatías de los defensores de la causa absolutista que finalmente se impuso.
No debe olvidarse, ni es un detalle menor, que este Tribunal no podía enjuiciar causas contra los miembros de la Generalitat, que así veían blindadas sus competencias. Esto era, precisamente, lo que los monarcas absolutistas querían evitar a toda costa. De hecho, su última actuación tuvo lugar en junio de 1713, cuando Catalunya y la Generalitat quedaron abandonadas a su suerte por los antiguos aliados. Felipe V no le hizo falta suprimir el Tribunal: ya había dejado de existir cuando comenzó el asedio de Barcelona.
