El fraude de VW, cuestión de Estado

El gran fraude cometido por Volkswagen contra los consumidores de todo el mundo, incluidos los españoles, y contra el medio ambiente en general pone a prueba a los Estados nacionales de los países afectados. Porque el gran entuerto debería obligar a las autoridades legítimas a tomar cartas en el asunto, a exigir la restauración de la legalidad vulnerada y a convertirse en portavoces y defensores de los perjudicados. Volkswagen pretende, al parecer, resolver privadamente el escándalo llamando uno a uno a los propietarios de los vehículos trucados para someter estos a una reparación que previsiblemente consistiría en sustituir el software falsificado por otro que cumpliría las normas establecidas sobre limitación de emisiones, aunque a costa de una sensible pérdida de potencia del motor. Evidentemente, esta fórmula no puede ser satisfactoria para quien compró un vehículo con determinadas prestaciones y ahora se encuentra con otras distintas, más menguadas. La reparación del daño causado obligará a otorgar indemnizaciones que podrían llegar a representar el valor íntegro del vehículo. Además, la participación de las administraciones públicas es necesaria para valorar el daño ambiental causado y exigir las debidas responsabilidades en nombre de toda la colectividad agredida. El caso es tan grave que el Estado español debe tutelar subsidiariamente la reparación que debe sufragar la empresa alemana a todos los perjudicados.