Más de 800.000 parados, en su inmensa mayoría de más de 50 años, se verán beneficiados por la reforma de los subsidios por desempleo del nuevo Gobierno. Su intención es ponerse rápidamente manos a la obra para llevar a cabo unos cambios en el diseño, las condiciones y, probablemente, la duración y cuantía de estas ayudas por no tener trabajo, con el objetivo de lograr una simplificación y mejora de la protección asistencial, para reducir las figuras, ampliar el periodo máximo actual y vincularlas a cumplir un itinerario personalizado de empleo.
Así lo confirmó recientemente el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey: «Será una de las primeras reformas del nuevo Ejecutivo». Estas prisas se deben a que esta reforma ya debería estar lista, puesto que se había pactado con Bruselas para el tercer trimestre de 2023, como uno de los compromisos para la llegada de los fondos europeos.
Pendientes de lo que se decida están en la actualidad más de 815.400 desempleados que están cobrando un subsidio de 480 euros al mes por no tener trabajo y, o bien ya han agotado la prestación contributiva, o no cumplen con los requisitos de cotización y años de trabajo necesarios para acceder a ella, que es bastante más generosa que la no contributiva.
El problema es que este colectivo, un 30% del total de los 2,7 millones de parados registrados, es especialmente vulnerable por la elevada edad que acumulan y que les supone una importante traba a la hora de buscar alternativas para reincorporarse al mercado laboral. Es más, casi 600.000 son mayores de 50 años, una edad que para muchas empresas es una barrera a la hora de contratar.
Significa esto que un 70% de las personas que están cobrando esta ayuda no contributiva de 480 euros al mes supera la cincuentena. Además, la situación se complica aún más si se tiene en cuenta el elevado número de parados que llevan más de un año buscando empleo sin éxito: más de 1,1 millones.
La conclusión es clara: a más edad, más dificultades para encontrar un empleo, sometidos a un claro riesgo de expulsión del mercado laboral. El reto que tiene por delante el Gobierno es importante y complejo: su objetivo es poner fin a este enquistamiento del paro que aqueja a España desde hace varias décadas y que le impide bajar con fuerza de la barrera de los tres millones de parados, por lo que se mantiene a la cabeza de Europa como el país con más desempleo: casi un 12% pese a todas las reformas.
Para ello, el Gobierno prevé apostar por hacer compatible esta prestación con un empleo como método para incentivar la reincorporación al mercado laboral, como otros países europeos, porque en ocasiones los parados rechazan una oferta por no compensarles perder tiempo libre y cobrar un salario que creen insuficiente.
