El dinero negro tiene un peso menor en el conjunto de la economía española del que tenía hace apenas tres años, cuando irrumpió la pandemia. Entre las razones que explican el registro de muchas transacciones económicas (emisión de facturas con IVA, contratos ligados a jornadas reales de trabajo, entre otras) que antes no dejaban huella ante Hacienda, está la posibilidad de acceder a medidas públicas de protección que antes eran inexistentes, como los ERTE.
Precisamente en la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo que acogieron a más de 3,5 millones de trabajadores en el peor momento del coronavirus, y en la necesidad de acogerse a las ayudas sociales derivadas de la guerra en Ucrania y la inflación desbocada, se ve respaldado el Ministerio de Economía para apuntalar este florecimiento. Porque empresarios y trabajadores saben que, si no tienen los papeles en regla, no pueden acceder a este tipo de protección pública si vienen mal dadas: derechos vinculados a enfermedades, paros forzosos e incluso la jubilación. Absolutamente todo se ve afectado ante la Administración.
El Ejecutivo ya lo apuntaba en el Plan Presupuestario 2023 remitido a la Comisión Europea el año pasado: «Los mayores niveles de empleo ligados al afloramiento podrían generar mayores ingresos por cotizaciones sociales de aproximadamente 0,2 puntos de PIB». Es decir, que una parte del crecimiento se debe a un mayor protagonismo de la economía bajo los focos.
La histórica discrepancia entre el número de afiliados a la Seguridad Social y los ocupados que así lo admiten en la Encuesta de Población Activa (EPA) se ha ido reduciendo en los últimos años. Es decir, que coinciden las cifras de los registros de afiliados con las de quienes declaran esa misma situación personal ante una muestra del INE. El catedrático de la Universidad de Vigo e investigador senior de Funcas, Santiago Lago, apunta en esa dirección. «Los afiliados a la Seguridad Social han crecido más de lo que cabría aguardar, y una de las explicaciones sería el afloramiento de empleos antes no declarados». El Gobierno los cifra en 200.000, y organismos como Fedea la elevan a los 300.000.
Por otra parte, la decisión del Gobierno de combatir los falsos autónomos, también ha aflorado multitud de contratos irregulares. La Administración cifró en aquel momento en unos 40.000 los empleos fraudulentos que saldrían a la luz con la aplicación de esta medida. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reveló hace unas semanas que en estos tres años desde que entró la ley en vigor se han regularizado más de 80.000 falsos autónomos.
Históricamente, una quinta parte de la economía no se declaraba en España, esto es, un 20%. En los últimos años, ese porcentaje habría caído al entorno del 15%.
IVA y efectivo
Otro talón de Aquiles de la economía sumergida en España está relacionado con el impuesto del valor añadido (IVA). Es decir, si todas las transacciones o actividades que grava este tributo (compras, trabajos en casa, entre otros) se encuentran regladas. La brecha entre los datos del consumo privado que se realiza y las bases imponibles del IVA se encuentra en estos momentos en su menor nivel desde hace casi tres décadas. Hay que remontarse a 1995, año en el que se aprobó la ley de lucha contra el fraude. A partir del año 2000 existe un inicio de clara discrepancia entre consumo real e IVA declarado que durara hasta 2008, año en el que estalla la burbuja inmobiliaria y se desencadena la crisis financiera. En ese año, la brecha entre lo real y lo teórico se encontraba en el 47%. En la última década, este porcentaje se ha ido reduciendo. Pero no es hasta 2020 y 2021 cuando realmente las discrepancias entre consumo e impuestos comienzan a aproximarse hasta el 30% actual, según datos de la Agencia Tributaria.
