Nos encontramos en un momento de gestión de fondos europeos sin precedentes que está contribuyendo a definir un destacado ecosistema industrial innovador, y que está ayudando a dar respuesta a los restos estratégicos de la Unión Europea.
Nuestro país tiene hoy a más personas trabajando que nunca, mayor crecimiento que la media europea, más igualdad y una mejor convivencia lo que, sin duda, nos está situando en el mapa de las cosas bien hechas.
Una parte muy significativa de estos resultados se debe al impulso de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una oportunidad histórica que estamos sabiendo aprovechar para modernizar el tejido productivo, abordar la transformación verde y digital de la economía, y prepararnos para los retos del futuro.
En clave industrial, los fondos europeos están contribuyendo al avance de España en el ámbito de la transición energética y la innovación, con una profunda transformación en áreas transversales como la descarbonización, el impulso al vehículo eléctrico y conectado, o la digitalización de sectores fundamentales para nuestra economía, como el agroalimentario, el naval o el sector de los semiconductores.
Y la provincia de Tarragona puede y debe estar a la cabeza de esta transformación. El sector petroquímico busca ya su sostenibilidad medioambiental. Reciclar y gastar menos agua, usar energías renovables y tecnologías como el hidrógeno están en su punto de mira. Me consta que la industria petroquímica está haciendo un esfuerzo importante por la descarbonización. Con la ayuda del PERTE de descarbonización industrial, cuya primera convocatoria de 1.000 millones de euros ya lanzamos, este sector avanzará hacia la sostenibilidad sin perder competitividad.
Pero para abordar con éxito la gestión de estos fondos y ayudas, tanto los que provienen de Europa como los propios recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, tenemos que dotarnos de una gobernanza moderna y ágil. Y para ello estamos trabajando en una nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica.
Una Ley que pronto verá la luz, y que es una prioridad para este Gobierno además de un hito a cumplir con la Comisión Europea. Una ley que nos va a permitir sentar las bases de un modelo de éxito, basado en la colaboración público-privada, que estamos comprobando que funciona. Esta norma nos permitirá adaptar el marco legislativo a la realidad industrial, ya que la ley actual es de 1992, e incluir conceptos determinantes en la actualidad como la digitalización, la resiliencia, la descarbonización o la autonomía estratégica, y ser capaces de dar forma a una norma que perviva en el tiempo.
De las novedades de esta Ley quisiera destacar dos conceptos que recoge: la autonomía estratégica y los proyectos estratégicos.
En cuanto a la autonomía estratégica tenemos frente a nosotros un reto mayúsculo; más si tenemos en cuenta cómo en el orden geopolítico actual se está utilizando la extrema dependencia de elementos críticos como arma de política exterior, algo que puede poner en riesgo a la ciudadanía y repercutir de forma negativa en su calidad de vida.
Y para ser capaces de afrontarlo con mayores garantías, desde el Ministerio de Industria y Turismo, hemos creado el proyecto de Reserva Estratégica basada en Capacidades de Producción Industrial (RECAPI).
Hablo de una iniciativa pionera para abordar la ambiciosa autonomía estratégica, que no surge solo como un mecanismo reactivo para afrontar crisis. Se trata de una apuesta por fomentar la capacidad de producción industrial en sectores estratégicos, integrando esfuerzos nacionales y europeos.
Por otro lado, crearemos una nueva figura: los Proyectos industriales estratégicos, para facilitar y agilizar los trámites de aquellas inversiones industriales que sean de interés general para el país. Y no solo apoyaremos estos grandes proyectos, sino al conjunto de la industria, dotándonos de herramientas para evitar las deslocalizaciones y la pérdida de actividades industriales.
Confío en que, a través del diálogo con los grupos parlamentarios, podamos dar luz verde a esta nueva Ley con un gran acuerdo en línea con lo que nos demandan los sectores industriales. Estoy convencido de que ese es el mejor camino para lograr este objetivo prioritario para el futuro de España.
Cuando hablamos de una España con más y mejor industria, estamos hablando de un país mejor preparado para afrontar los cambios de ciclo a nivel económico; de un país con más empleo cualificado, y de un país que se beneficia en mayor medida del efecto tractor que tiene la industria sobre el resto de sectores, desde la agricultura a los servicios.
En definitiva, un país con una mejor base para un crecimiento más sostenible, sostenido y más inclusivo; más próspero, y capaz de generar más bienestar para sus ciudadanos y mayores niveles de igualdad, que son las señas de identidad del proyecto que defendemos desde este Gobierno.