El Gobierno ha sufrido duras derrotas parlamentarias en los últimos meses. Las «hostias» recibidas (en palabras del ministro de Sumar Ernest Urtasun) le han llegado desde diversos frentes; y el problema es que esta debilidad parlamentaria le va a complicar mucho cumplir con las reformas comprometidas con la Comisión Europea y aún pendientes para recibir los próximos desembolsos de los fondos europeos.
España ha percibido hasta el momento cuatro desembolsos y para ello ha tenido que aprobar, entre otras, la reforma laboral y la reforma de pensiones. Ahora, para solicitar el quinto (7.000 millones de euros en subvenciones y 500 millones en préstamos) el Gobierno debe aprobar una reforma fiscal antes de que acabe el año (el plazo para pedir los nuevos fondos) y la Ley de Servicios Sociales.
El Ministerio de Hacienda considera que ha cumplido con las modificaciones fiscales introducidas hasta la fecha y con la buena marcha de la recaudación tributaria, pero la Comisión Europea le sacó los colores en junio y advirtió que el Ejecutivo debía realizar una «revisión y simplificación» del sistema fiscal, como estaba acordado, y avanzar en los impuestos medioambientales. Además, subrayó la necesidad de simplificar el sistema tributario para fomentar el crecimiento económico, el empleo y la transición verde.
Además, para el sexto desembolso (3.600 millones en subvenciones y 15.000 millones en préstamos) tendrá que aprobar, entre otras, la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y la nueva ley del cine, cuyo proyecto mandó en junio a las Cortes y solicitó su tramitación por la vía de urgencia. En principio, no debería haber problemas en tener la mayoría suficiente para aprobarlas, pero ahora cualquier votación parlamentaria puede convertirse en un sobresalto.
La laboral fue la primera gran reforma exigida por la Comisión Europea y la segunda, la de pensiones. Europa estuvo a punto de descontar entre 800 y 1.000 millones de euros de los fondos al considerar que la reforma de pensiones no llegaba a cumplir los compromisos.
Finalmente, se incorporaron y acordaron los ajustes requeridos. Con la reforma fiscal puede ocurrir lo mismo. La Comisión podría descontar hasta 1.000 millones de euros si España no cumple los compromisos. El Gobierno tiene dos caminos: intentar que salga adelante la reforma fiscal en el Parlamento o arriesgarse a que se descuente un volumen importante de fondos europeos.
