Cuatro jugadores canteranos del Real Madrid están siendo investigados por la Guardia Civil por la supuesta difusión de un vídeo de carácter sexual en el que aparece una menor. Efectivos de la Unidad de Policía Judicial de la Benemérita de Las Palmas detuvieron este jueves por la mañana en la ciudad deportiva de Valdebebas, en Madrid, a tres de ellos, al tiempo que tomaron declaración como imputado a un cuarto.
Los cuatro futbolistas son tres jugadores del Real Madrid C y uno del Real Madrid Castilla. Todos ellos, entre 18 y 21 años, están acusados de un presunto delito de revelación de secretos de índole sexual. Los cuatros quedaron en libertad sin llegar a ser puestos a disposición judicial después de que los técnicos informáticos del instituto armado hicieran un volcado de sus móviles.
El atestado se va a remitir al Juzgado número 3 San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, donde el instructor del caso decidirá sobre la suerte procesal de los futbolistas.
Las pesquisas, en las que también interviene la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se iniciaron cuando la menor de 16 años y su madre interpusieron en Santa María de Guía (Las Palmas) el pasado 6 de septiembre una denuncia contra al menos uno de los futbolistas por la difusión del vídeo en el que aparecía la chica.
Según responsables del caso, el vídeo fue grabado a mediados del pasado junio en la localidad grancanaria de Mogán y en el mismo se ve una relación sexual consentida entre tres varones y dos chicas, una de ellas la menor. Entre los participantes están algunos de los detenidos, quienes, además de grabar las imágenes, luego las habrían difundido, sin el permiso de las mujeres a través de sistemas de mensajería móvil.
Los agentes, que trasladaron a los tres arrestados desde Valdebebas a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos para su interrogatorio y donde también declaró el cuarto encausado, están especialmente interesados en los contenidos de los teléfonos para intentar conocer hasta dónde ha llegado la distribución del vídeo y si hay otros jugadores de las categorías menores del club implicados en la difusión de las imágenes. Los investigadores creen indiciariamente que hasta una veintena de personas del entorno de los arrestados pudieron recibir el vídeo de la menor.
Fuentes próximas al club blanco insistieron en que las relaciones sexuales en las que aparece la menor fueron consentidas y que la grabación también, extremo este último que niega la menor denunciante.
«Medidas oportunas»
Oficialmente, el Real Madrid se limitó a difundir un escueto comunicado a última hora de la tarde en el que aseguraba «que ha tenido conocimiento de que un jugador del Castilla y tres jugadores del Real Madrid C han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp». «Cuando el club tenga conocimiento detallado de los hechos, adoptará las medidas oportunas», zanjaba la nota oficial.
Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, fue una de las primeras autoridades en reaccionar. «Difundir imágenes sexuales sin consentimiento también es violencia sexual y así lo reconoce la ley solo sí es sí. España ha dicho se acabó: tenemos obligación de no mirar para otro lado y garantizar todos los derechos a todas las mujeres. Todo mi apoyo a la víctima y su familia», escribió en la red social X.
El artículo 197.7 del Código Penal, reformado tras la controvertida ley del ‘solo sí es sí’ fija una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 12 meses para quien difunda, revele o ceda a terceros sin autorización cualquier tipo de imagen cuya propagación «menoscabe gravemente la intimidad personal». Y ello, incluso aunque esas grabaciones hayan sido obtenidas con el consentimiento de la víctima en un domicilio o en un lugar «fuera del alcance de la mirada de terceros».
Este mismo precepto establece un mayor castigo a quien inicia la cadena de difusión, pero la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, aprobada el verano del pasado año , incluye igualmente una pena de «multa de uno a tres meses a quien, habiendo recibido las imágenes o grabaciones audiovisuales a las que se refiere el párrafo anterior las difunda, revele o ceda a terceros sin el consentimiento de la persona afectada».