Ferran (nombre ficticio pues prefiere mantener su nombre en el anonimato) es un joven universitario, a punto de cumplir los 25 años. Desde hace un par, coincidiendo más o menos con la pandemia de la Covid-19, empezó a encontrarse mal anímicamente. Había acabado de estudiar el grado de Ciencias Jurídicas en la URV y no sabía de qué manera encarar su futuro: si hacer el máster en abogacía, o estudiar otra carrera.
«Fue un momento vital importante para mí y me agobié bastante», explica Ferran al Diari. Esta sensación de inseguridad fue a más y, de la noche a la mañana, este joven se encontró perdido y muy hundido. «La pandemia trastocó todos mis planes e hizo aflorar en mí muchas inseguridades que desconocía que tenía», recuerda, para después añadir que «fue entonces cuando me planteé visitar a un psicólogo».
Ferran expuso su problema a su médico de familia y éste «ya me advirtió que la primera visita al psicólogo tardaría. Así fue. La tuve al mes y medio y la segunda tardó casi un mes». Ante este panorama, este joven decidió visitarse «en un psicólogo privado. No podía dejar pasar tanto tiempo entre visita y visita», comenta, para concluir que «al final hice todo el tratamiento por lo privado y me fue perfecto».
El caso de Ferran sirve perfectamente para dar voz a los resultados del estudio ‘La salud mental en España’, promovido por el Consejo de Colegios de Farmacéuticos y elaborado por el Institut de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). En este trabajo se ofrece una fotografía muy significativa de la famélica red pública: cuatro de cada diez españoles que necesitan tratamiento psicológico en la sanidad pública no lo reciben. Suplen lo mejor que pueden la falta de recursos, su deficiente organización y el colapso de los especialistas a base de fármacos.
Los ciudadanos con problemas psicológicos, que se han multiplicado tras la pandemia, son diagnosticados tarde y, en muchas ocasiones, o no reciben psicoterapia o lo hacen con una frecuencia insuficiente pese a ser el tratamiento clave frente a las dolencias que más les afectan: la ansiedad y la depresión.
Es la consecuencia del abandono histórico de la atención de estas enfermedades sobre todo en algunas autonomías y en el ámbito rural. El análisis denuncia una inversión pública en salud mental «claramente insuficiente» y alejada de las recomendaciones internacionales. Se refleja en una tasa que no llega a diez psiquiatras por cada 100.000 habitantes -la mitad que Bélgica y Holanda y mucho menos que Francia o Grecia- y en la escasez de psicólogos clínicos o enfermeras especializadas, que ni siquiera se puede determinar porque no existen cifras oficiales. Esta endeblez de recursos es mayor en comunidades como Murcia, Valencia o Extremadura, con tasas de psiquiatras de la mitad que el resto y con el riesgo, advierten los expertos, de que se cronifique la desatención si ni actúan ya y con decisión.
El estudio prosigue que, a la falta de presupuesto y recursos, se une una organización deficiente, que olvida el papel clave que los centros de salud y los servicios sociales podrían jugar en la prevención, detección precoz y tratamiento de los primeros síntomas. Y hacen descansar toda la atención en el área hospitalaria y en sus consultas externas, que terminan saturadas (en muchas ocasiones colapsadas) por el exceso de pacientes y por la gravedad de unas patologías ya avanzadas, a las que se llega casi siempre tarde. El resultado son puertas de urgencias superadas, muchas semanas o meses para una primera consulta y demasiados meses entre terapia y terapia.
Más demanda, poca oferta
La situación es muy clara, tal y como explican desde la delegación territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Cada vez hay más demanda de atención de problemas de salud mental entre la ciudadanía, mientras que los recursos que ofrece la Sanidad Pública «son escasos», tal y como reivindica al Diari la presidenta de este organismo, Eva Llàtser.
¿Y a qué se debe este aumento de la demanda? No existe un único factor, sino que un conjunto de todos ellos. Llàtser explica que «hoy en día hay mucha más población con problemas psicológicos que recurren a un profesional de la psicología. Se ha roto el tabú que había alrededor de la salud mental y la gente a aproxima más a un profesional porque ve que no está bien. Se ha acabado con la imagen que mucha gente tenía antes de que un problema de salud mental era estar ‘loco’ o ‘enfermo’. Por eso ha subido muchísimo la demanda».
A todo esto hay que añadir la pandemia de la Covid-19 que, hace ahora justo tres años, truncó nuestro ritmo de vida hasta límites inimaginables hasta ese momento. «La pandemia rompió con nuestra vida. Somos seres sociales y estamos acostumbrados a vivir en manada. Pero la Covid-19 rompió la interconexión con los otros, la comunicación», asegura la presidenta de la delegación de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, quien añade que «también influyen otros problemas derivados de la pandemia, como no poder ir a trabajar, la pérdida de trabajo, la crisis económica, etc. Las personas han exteriorizado más angustias, depresiones, conflictos entre padres e hijos o que su sentido de la vida había desaparecido. Y no lo supieron gestionar de la manera correcta».
El cóctel perfecto estaba servido para «que se generasen más problemas de convivencia», afirma Eva Llàtser. Pero para hacer frente a todo esto, nos encontramos con que «los recursos son tan escasos que el proceso terapéutico se ha tenido que adaptar a los recursos que tenemos y no a las necesidades de las personas».
Esta psicóloga pone un ejemplo, que coincide con el testimonio de Ferran reproducido al inicio de este artículo. «Para concretar una intervención psicológica en la Seguridad Social cuesta mucho. Para una primera visita puedes esperar hasta dos meses. Y después, entre sesión y sesión, puede pasar hasta un mes y medio», asegura Llàtser, quien reivindica que «cada centro de Atención Primaria debería tener un psicólogo en su equipo. Pero los psicólogos son indispensables en todos los ámbitos sanitarios, también en el hospitalario. Por ejemplo, para enfermos de larga duración, oncológicos, pediátricos o, incluso, en Urgencias».
Llàtser coincide con el estudio ‘La salud mental en España’ en que la desatención psicológica se acentúa en el ámbito rural, donde «ya ni se plantean estos equipos multidisciplinares. Antes, quien hacía esta función en los pueblos eran los curas. Los habitantes de los pueblos también son personas y no tienen recursos».
Por todo ello, desde el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya «pedimos más recursos, más presupuesto. Que se invierta más dinero en este ámbito. Para contar con más profesionales de la psicología que formen parte de equipos multidisciplinares, tanto en los CAP como a nivel hospitalario y de residencias de personas mayores». Por último, Eva Llàtser recuerda que «desde la delegación territorial hacemos mucha promoción de las funciones que hace un psicólogo y organizamos muchas jornadas informativas para llegar a la población».