Los regidores y técnicos municipales del caso de los alquileres de Torredembarra han defendido que los arrendamientos de los dos locales eran necesarios por la carencia de equipaciones municipales para las entidades culturales, asociaciones vecinales y para trasladar las dependencias de la Policía Locales a unas mejores instalaciones.
Los acusados han reiterado que la tramitación de los expedientes se hizo correctamente y que suponían un beneficio por los vecinos de la localidad. También han remarcado que ninguno de ellos recibió ningún beneficio económico directo o indirecto para votar a favor de la contratación de estos inmuebles. Esta ha sido la penúltima jornada del juicio de la pieza separada número 1 del caso Torredembarra.
El propietario del local de Clarà, Rafael Jiménez, ha explicado que tenía un taller de matricería y que había publicitado el alquiler o venta del inmueble previamente a la firma del contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento. El acusado también ha detallado que vieron el local casi todos los regidores y que le comentaron que le darían un uso social para ubicar la colla castellera u otras entidades culturales del municipio.
Según él, no participó en la redacción del contrato y solo mantuvo contacto con la jefa de contratación para proporcionarle la documentación necesaria para hacer el trámite. Jiménez ha asegurado que el día de la formalización del contrato solo estaba presente el alcalde Masagué y que el secretario municipal no le hizo ningún comentario.
Según indicó el exalcalde en la declaración de este miércoles, el precio del alquiler de este local pasó de 5.900 euros a 3.850, y la opción de compra de 1 millón de euros a 455.000 euros. “Mostré mi disconformidad en la rebaja del 50% del valor propuesto del agente inmobiliario, no lo veía normal, pero acepté después de hablarlo con mi mujer e hijas. No sé si fue acertada o no la decisión, pero fue la mía”, ha afirmado. El empresario local ha lamentado que no cobraba con puntualidad las cuotas y que a partir del 2014 dejó de cobrarlas.
“Ningún beneficio”
En su declaración, la exregidora Francisca Felguera ha afirmado que todo el mundo en el municipio conocía la carencia de equipaciones municipales para entidades culturales y asociaciones vecinales. “Nunca he recibido ningún tipo de orientación en ningún expediente. He votado concienzudamente y volvería a votar lo mismo porque el hecho de poder pagar el alquiler en doce años en lugar de cuatro era un beneficio para el Ayuntamiento”, ha manifestado Felguera. Ella ha insistido que no ha obtenido “ningún beneficio” por haber votado los acuerdos para contratar los arrendamientos.
Por su parte, José Oviedo, exregidor de Seguridad, ha reiterado la mala relación que tenían con el secretario municipal a quien ha acusado de poner “objeciones” a las juntas de gobierno local. “Tenían una guerra, había veces que solo nos faltaba pegarnos a hostias, yo me sentía incómodo con la situación”, ha sentenciado Oviedo. El acusado también ha lamentado que todos los proyectos que se llevaban a cabo en Torredembarra se hacían a “parches”.
La comisaría de la Policía Local, necesaria
Así mismo, Oviedo ha explicado que cuando visitó el local de la carretera de la Riera de Gaià se quedó sorprendido porque consideró que era el adecuado por sus características. ”No solo por el subterráneo, era un local casi nuevo, sigo y continuaré afirmando que es la situación que tiene que tener la Policía Local, los Mossos hoy están ubicados al lado. Por mí no hay ninguna discusión para situar el cuerpo”, ha sostenido.
El exregidor de Turismo, Pere Font, también ha insistido que eran necesarios los alquileres porque en el barrio de Clarà no había equipaciones municipales y ha dicho que en esta área había pocos para alquilar. A su vez, Font ha defendido que a raíz del crecimiento poblacional de la localidad, la comisaría local había quedado desfasada y necesitaba unas dependencias nuevas. En su caso, ha remarcado que no participó en la tramitación de los expedientes y que simplemente confió en los informes de los técnicos.
En la intervención de Santiago Ardévol, el exregidor ha recalcado que todas las juntas de gobierno local han funcionado “igual” en el transcurso de las tres legislaturas en que ha sido un cargo electo, en referencia al uso recorriendo de aceptar las cuestiones sobrevenidas. Como el resto de acusados, ha afirmado que no recibió ningún beneficio para aprobar la tramitación de los contratos de alquiler: “Le aseguro que yo no he recibido ninguna recompensa y estoy al 100% seguro que los compañeros tampoco. Durante todo el tiempo que he formado parte del consistorio solo he cobrado por las mesas asistencias en los plenos y juntas”.
En la sexta y penúltima sesión, también han declarado el exregidor de Servicios, Juan Pérez, quien ha dicho que no intervino en ninguno de los expedientes, así como el ingeniero municipal Vicenç Ruiz, el coordinador del área de Urbanismo Jaume Vila i Vicente Sánchez, de la empresa Vicsan. La jornada ha continuado con la lectura de las conclusiones y los informes definitivos de las acusaciones. Esta tarde será el turno de las defensas.
