El próximo lunes está previsto que entre en vigor el real decreto que obliga a ampliar los datos que recogen los establecimientos de alojamiento y las empresas de alquiler de vehículos a sus clientes. Ya hace dos años que se puso en marcha la nueva plataforma para introducir toda esta información, con hasta 42 datos del cliente, pero hasta ahora los establecimientos lo hacían de forma voluntaria. El Gobierno de España defiende esta medida como una herramienta policial para combatir la delincuencia, pero desde el sector turístico consideran que es «innecesaria», «desproporcionada» y que ocasionará un «grave prejuicio» tanto a los alojamientos como a los clientes.
Así lo cree la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que ha anunciado que emprenderá acciones legales contra este nuevo registro de viajeros. En un comunicado, los hoteleros critican que no ha habido voluntad de diálogo por parte del ejecutivo español y reclaman que «hay que garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector». De la misma manera, la Unión Española de Agencias de Viajes (UNAV) también ha anunciado que recurrirá a la esfera legal si es necesario para frenar esta medida.
A esta oposición se ha sumado ahora la Federacin Empresarial d’Hosteleria i Turisme de Tarragona (FEHT), que representa el 90% de las plazas turísticas de la provincia. «Desde la FEHT compartimos la preocupación sobre la vulneración de la privacidad y el impacto negativo que puede tener sobre la reputación de la oferta turística a nivel estatal y reclamamos que el Gobierno Central nos aclare cómo se va a implementar esta normativa», ha manifestado la presidenta de los hosteleros, Berta Cabré.
«Para cada reserva deberemos facilitar hasta 42 datos diferentes, en comparación con los 14 datos que se establecía en la ley anterior. Si, por ejemplo, hasta ahora sólo pedíamos el DNI y la fecha de nacimiento, ahora también deberemos proporcionar datos como el lugar de residencia habitual, el teléfono móvil y fijo, el correo electrónico e incluso la relación de parentesco entre los viajeros en caso de que exista un menor de edad», expresa Cabré.
Según la presidenta de los hosteleros de Tarragona, «no podemos permitir que la burocracia afecte a la experiencia de nuestros visitantes ni que la privacidad esté en peligro. Es necesario buscar soluciones respetuosas y operativas. Los viajeros buscan disfrutar de su tiempo libre, no verse inmersos en procesos administrativos intrusivos e interminables».
La patronal del alojamiento de la Costa Daurada y las Terres de l’Ebre critica que este registro de viajeros «aumenta la carga administrativa a los profesionales del sector» y que les obliga a aportar «datos muy sensibles» y que eso «podría generar incomodidad y desconfianza entre los turistas».
Mientras, desde el Ministerio del Interior defendieron ayer el nuevo registro de datos de viajeros, afirmando que el sector ha tenido dos años para adaptarse. Asimismo, aseguraron que en los dos años que lleva en vigor de forma voluntaria se han identificado en España a 18.500 personas con órdenes de captura activas.