La concentración de manifestantes que hubo en el interior del portal de acceso al número 2 de la calle Francolí de Salou fue esta vez infructuosa. También las insistentes protestas del vecindario y de los integrantes del Sindicat de l’Habitatge de Reus y Tarragona; se dejaron tanto la voz, eso sí, que se les escuchaba desde varios tramos de la vía colindante, la céntrica Barcelona. Llegado el momento sin embargo, sobre las once y media de la mañana, agentes de los Mossos d’Esquadra les desalojaron -hubo también identificaciones-, subieron al piso de Leonarda Peláez junto con la comitiva judicial, ella no ofreció resistencia y el deshaucio salió adelante.
Un juzgado de Tarragona había decretado finalmente el lanzamiento pese a la petición del Servei d’Habitatge de la Generalitat y de Serveis Socials de l’Ajuntament de Salou de que se suspendiera debido a la situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional de la hasta ahora inquilina del piso. Era la cuarta notificación que había recibido Leonarda desde el año 2017. Llevaba seis residiendo en un piso propiedad de la sociedad inmobiliaria Gramina Homes.
A sus 59 años se ve ahora en la calle con una incapacidad física permanente, diagnosticada de fibromialgia, convaleciente de una operación en la espalda y además en el paro.
Cobra 500 euros de pensión y pagaba luz, agua y gas, aunque no podía hacer frente al alquiler a precio de mercado que le pedían. Ella solicitaba un alquiler social que oscilara entre los 100 y los 200 euros que, asegura, podía haber afrontado.
Ya en la calle, Leonarda agradecía en primer lugar el apoyo de los manifestantes y vecinos «a personas como yo, que no podemos defendernos porque no sé leer ni escribir».
Su testimonio a partir de entonces fue desgarrador. «Yo nunca he tenido problemas con nadie de la comunidad; al contrario, todos me quieren; peleaba para no tener que depender de mis hijos (tiene cuatro), porque ellos tienen los suyos y su familia, aunque me han acompañado. Pero ahora ya llega un momento que ya no me importa nada más. Soy una persona maltratada durante muchísimos años por una persona. Por eso ya me he cansado de luchar, no puedo más», sostiene Leonarda.
Tras el deshaucio no sabía aún dónde pasaría la noche. «En casa de alguna vecina o de alguno de mis hijos», dijo, tras recoger algunos de sus enseres.
Una de las portavoces del Sindicat d’Habitatge, Marta, explicó por su parte que «hemos intentado razonar con la interlocutora, por los informes de vulnerabilidad acreditados que tiene Leonarda y la petición de Habitatge y Serveis Socials que había de suspender el desalojo, por eso pedíamos una moratoria. Ellos nos han dicho que el juzgado quería deshauciar sí o sí, y que ella llevaba mucho tiempo en el piso ya».
Añadió que «a Leonarda se le estaba intentando tramitar una alquiler social desde que se le aprobó una pensión por incapacidad permanente».
Un apoyo que es una victoria
Tampoco sabía qué pasará con Leonarda a partir de ahora: «Celebraremos una asamblea y veremos cómo enfocamos este caso y los próximos que vendrán. Hoy no hemos conseguido parar el deshaucio, pero no nos desanimamos porque no solo los del sindicato hemos denunciado esta barbaridad sino que todo el vecindario y barrio ha dado su apoyo. Lo consideramos como una victoria».
Desde el Ayuntamiento de Salou indicaron que el caso de Leonarda ya estaba en manos de Serveis Socials desde hacía tiempo. «Ha recibido apoyo y ayudas, conforme a sus necesidades, y desde Serveis Socials se sabe que tiene la posibilidad de acceder a recursos suficientes para poder vivir dignamente», afirman.
