Hace unas semanas, los vecinos de los bloques de protección oficial en la zona de Emprius Sur empezaron a recibir una oferta de compra para sus viviendas por parte de Inmocaixa, propietaria de los pisos. Algunos de ellos llevan viviendo allí más de 10 años con un alquiler asequible. La oferta les ha llegado, sin precio, pero con una fecha límite de dos meses para aceptarla o no. En caso contrario, la inmobiliaria se compromete a mantener las condiciones del alquiler hasta la fecha de vencimiento, aunque ninguno de ellos podrá renovar, ya que la intención en último término es vender los pisos.
Esta promoción de VPO se construyó en 2009 y cuenta con un total de 80 pisos. Once de ellos ya están vacíos, a medida que se han ido acabando los contratos. Ahora, el Ayuntamiento de Salou está estudiando la posibilidad de adquirir estas viviendas para poder disponer de pisos sociales en propiedad, un déficit que tiene la ciudad desde hace tiempo. Al tratarse de pisos de protección oficial, la administración tiene preferencia a la hora de poder comprar las viviendas una vez finalicen los alquileres vigentes. Una medida que aplauden los residentes en los bloques, que, sin embargo, alertan de que algunos de los pisos que hay cerrados ya están a la venta a través de diferentes inmobiliarias.
Un grupo de vecinos afectados explica al Diari que este es el último episodio de una serie de incumplimientos de contrato y falta de mantenimiento que han ido arrastrando todo este tiempo. «Nos prometieron que íbamos a tener un alquiler con opción a compra, pero luego lo negaron. Ahora quieren que les compremos los pisos, pero tampoco nos ponen ninguna facilidad», lamentan. «Aquí vive gente jubilada, personas de más de 50 años y muchos trabajadores del turismo que son fijos discontinuos. ¿Cómo van a conseguir una hipoteca o pagar todos los gastos que conlleva?», se preguntan.
Asimismo, los vecinos denuncian que los precios que están ofreciendo a los arrendatarios están muy por encima de lo que correspondería por metros cuadrados de VPO. Mientras que desde Inmocaixa tasan sus viviendas por encima de los 130.000 euros, los vecinos afirman que su valor rondaría los 96.000. Se trata de pisos de dos habitaciones que tienen entre 52 y 55 metros cuadrados. Los alquileres que están pagando actualmente oscilan entre 350 y 400 euros al mes.
Desde la inmobiliaria bancaria ya han ido informando a los inquilinos que terminan su alquiler este 2022 que no tendrán opción a renovar su contrato y que tendrán que abandonar sus casas.
Voluntad política
El portavoz del grupo municipal de Esquerra, Marçal Curto, introdujo la problemática de estos vecinos en la última sesión plenaria y reclamó al equipo de gobierno que ejecute su derecho de tanteo y retracto para adquirir estas viviendas de forma preferente y poder contar así con un parque de viviendas municipal para usos sociales. El alcalde, Pere Granados, recogió el guante y aseguró que ya se está trabajando en esta línea.
«En la última reunión que tuvimos con Inmocaixa ya les dijimos que cada vez que se proceda a la venta de uno de estos pisos, nosotros queríamos ser informados para ejercer este derecho de compra», afirmó el edil. En este sentido, fuentes del gobierno municipal confirman que el Ayuntamiento tiene la voluntad de estudiar la adquisición de aquellos pisos que Inmocaixa ponga a la venta en esta promoción de Emprius Sur y que «se habilitará del presupuesto suficiente para hacer frente a este gasto, de dotar Salou de vivienda social».
Los republicanos salouenses consideran que «es una oportunidad para Salou y sus vecinos y vecinas porque dispondremos de un parque público de vivienda, garantizando también la función social y el acceso a alquiler a un precio asequible puesto que, a diferencia de localidades vecinas, no disponemos de ninguna vivienda en propiedad para estas finalidades».
