El exconcejal de Gobernación de Calafell, Francesc Clavero (CiU), declaró ayer ante el juez de El Vendrell por la denuncia de un agente de la Policía Local que dijo que el político y un sargento del cuerpo, también imputado en el caso, perdonaban multas de tránsito y de la zona azul entre otros a políticos y a sus familiares.
Clavero dijo al juez que las multas no tramitadas lo fueron por «criterios objetivos» y «no arbitrarios». Y explicó que en anteriores gobiernos también se perdonaban multas, pero que la diferencia es que bajo su responsabilidad se fue «muy restrictivo». Reiteró que «no he hecho nada diferente a lo que ya se hacía» en referencia a no tramitar sanciones de zona azul a quien está realizando un trabajo para el Consistorio.
El concejal, ahora en la oposición, negó que las multas que dejaron de tramitarse beneficiasen sólo a personas afines por política, familia o amistad. Explicó que el actual alcalde le pidió en su día, estando en la oposición, «que se le quitase una multa a su madre» o que el concejal entonces también en la oposición y ahora en el gobierno Joan Maria Triadó (UAM), «me daba sobres con multas que consideraba que deberían ser retiradas».
Todas estudiadas
El exconcejal defiende que «todas las multas retiradas por infracción o por zona azul lo estaban de forma justificada», entre ellas también la del familiar del actual alcalde. En la sesión de ayer en los juzgados, la juez que lleva el caso pidió explicaciones de cada una de las multas denunciadas en el caso.
Según la investigación, son 773 multas las que nos se tramitaron por orden del Ayuntamiento entre los años 2011 y 2015 y ascenderían a 11.548 euros, según cifras del servicio de recaudación Base de la Diputació, a quien el Ayuntamiento entregó la gestión de cobros.
El actual gobierno (PSC, PP, UAM y Ciudadanos en la oposición pero con la cartera de transparencia y otro concejal no adscrito) decidió personarse en la causa como parte afectada para tener conocimiento de la investigación y para pedir el resarcimiento del daño causado a las arcas municipales por dejar de cobrar esas sanciones en caso de que se hubiese hecho de forma irregular.
En la sesión de ayer Clavero estuvo acompañado los concejales de CiU ahora en la oposición Rafel Solé, Montse López y Maria Verge y el exalcalde Joan Olivella que optaron porque fuese el edil imputado quien diese la versión ante los medios. Además de Clavero también declaró ante el juez el sargento imputado en el mismo caso.
Polémica
La polémica de las multas no tramitadas ha levantado sorpresa en muchas asociaciones de vecinos que desconocían que los concejales estuviesen exentos de abonar las sanciones de la zona azul por no poner tíquet o pasarse del horario.
Cuando un policía local pone una multa la infracción llega al servicio de recaudación de la Diputació Base, que es la encargada del cobro una vez reconocidas las sanciones por el concejal del área. Sin embargo el mismo concejal puede solicitar a Base que no se tramiten algunas de las sanciones en el caso de aceptarse el recurso que haya presentado el perjudicado o de ser un concejal o funcionario en horario laboral.
Avaladas
Clavero reiteró su postura de no haber cometido ninguna ilegalidad y explicó que nadie le advirtió de estar cometiendo una actuación irregular. El concejal explica que durante su mandato «he dicho muchas más veces que no a retirar una multa que las veces que he dicho que sí». En este sentido añade que «tenía potestad para no dar trámite a las multas que objetivamente considerábamos debían retirarse y que estaban avaladas por la junta de mandos».