El Ministerio de Sanidad ha aprobado finalmente el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 con el aval de todas las comunidades, también las del PP, «muy satisfechas» por este día tan «importante» para la lucha contra el tabaco.
«Desde hoy, este plan es una realidad y este logro es un motivo de orgullo nacional», ha enfatizado la ministra de Sanidad, Mónica García, al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha culminado así con un clima muy distinto al que comenzó esta mañana.
Un plan que, ha continuado, «emana del trabajo de todas las comunidades», que han acabado secundando todas el texto que «ahora toca» materializar en una serie de iniciativas legislativas, entre ellas las que regularán los nuevos espacios sin humo, el empaquetado genérico o la equiparación de los dispositivos electrónicos al tabaco convencional en materia de promoción y publicidad.
Percepción en la que ha coincidido el consejero gallego de Sanidad, Julio García Comesaña (PP), quien ha celebrado que se recogieran la mayoría de propuestas autonómicas, entre ellas que el aumento de la fiscalidad del tabaco redunde en medidas de prevención y que se haya abierto la puerta a que la autorregulación de los espacios sin humo pueda debatirse en el desarrollo legislativo que ahora debe iniciar.
«Es un día importante para la lucha contra el tabaco y las comunidades del PP estamos satisfechas con que el plan recoja todo lo que recoge», de modo que, «en aras del consenso» estas comunidades «han decidido trabajar y adherirse al Plan de Integral para el Control y la Prevención del Tabaquismo (PI) 2024-2027», ha señalado el consejero.
Debate en términos «cordiales»
La reunión comenzó con las críticas de las comunidades populares por la fórmula empleada por Sanidad para aprobar el plan mediante un acuerdo de cooperación, que no se somete a votación, «independientemente» sino que implica que las comunidades podían adherirse total o parcialmente a algunos de sus puntos, explicando sus discrepancias de aquellos a los que no se sumaban.
Es decir, que la estrategia, en la que llevan años trabajando los técnicos autonómicos, las sociedades científicas, los colectivos juveniles, las asociaciones de pacientes y las entidades de salud pública, se iba a aprobar «independientemente» de las posturas que solo querían «empañarlo», según declaró la ministra antes de la cumbre con los consejeros.
Finalmente, las comunidades han acabado dando su visto bueno porque, en el fondo, todas comparten la necesidad de reducir el tabaquismo y están «muy de acuerdo en casi todo el plan», al que el Ministerio incorporó 147 de las 157 propuesta autonómicas. «Se han adherido desde el momento en el que han trabajado porque son proponentes, son las que han hecho realidad este plan», ha señalado García.
«Una cosa es que hayamos podido tener una discusión, pero yo creo que hemos llegado con la cordialidad y el respeto que yo creo que se merece este órgano», ha añadido.
Recorrido legislativo
Pero ahora toca «hacerlo realidad», y para eso aguarda un largo recorrido legislativo, que irá precedido del trámite de consulta pública, en la que «pueden participar, por supuesto, las comunidades y todo aquel que quiera presentar alguna iniciativa».
Y es aquí donde, ha repetido, se delimitarán «los espacios concretos, tanto públicos como privados», que «emanarán de las iniciativas legislativas» que el Ministerio empezará a «poner en marcha cuanto antes».
Sanidad no cree en la autorregulación de los espacios que querían las comunidades del PP porque «la evidencia científica dice que la voluntariedad no tiene efectos sobre la salud pública»; no obstante, la ministra ha recordado que las autonomías «siempre han tenido la potestad de poder regular sus espacios», como obligación o como recomendación, y de hecho muchas ya lo hacen en sus playas o parques.
Pero corresponde al Ministerio «dar seguridad jurídica» para que esas medidas «tengan un aval jurídico» y se garantice el principio de equidad, por lo que cuáles serán en el futuro las nuevas zonas en las que no se podrá fumar en toda España «lo tiene que decidir el poder legislativo», ha insistido.
En los espacios privados, mientras tanto, no se puede ir más allá de las «recomendaciones» ,por eso el plan ha sustituido este concepto por el de «uso colectivo».
¿Qué opina el sector del tabaco?
La Mesa del Tabaco, que agrupa al conjunto de la cadena de valor del sector en España, ha lamentado este viernes que el Ministerio de Salud haya aprobado el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 sin haber sido consultada, tal y como venía reclamando.
«Como sector tenemos cosas que decir en este plan», ha lamentado en declaraciones la presidenta y directora general de la Mesa del Tabaco, Águeda García-Agulló, quien ha abundado que para tomar medidas «hay que basarse en datos y en la evidencia científica».
A través de un comunicado, la organización ha subrayado que ni la Mesa del Tabaco ni ninguno de sus miembros han sido consultados en la elaboración de este plan y que, si lo hubiesen hecho, habrían manifestado su apoyo a «muchas de las medidas del plan».
Entre las medidas que la Mesa del Tabaco ha señalado que hubiese apoyado se encuentran la mayor inspección para garantizar el cumplimiento de la legislación, las campañas de sensibilización para combatir el tabaquismo y los programas de promoción de la salud.
Sin embargo, la organización ha destacado que «existen varias iniciativas que van mucho más allá del ámbito sanitario» incluidas en el PIT que, a su juicio, «tendrán un importante impacto en la cadena de valor del sector y que ya han demostrado su ineficacia en aquellos países que se han implantado».
Entre estas medidas, la Mesa del Tabaco ha destacado el empaquetado genérico y la equiparación regulatoria de los nuevos productos de tabaco con el cigarrillo tradicional.
Sobre el empaquetado genérico, la Mesa del Tabaco ha señalado que «es una medida desproporcionada e injustificada, cuya ineficacia en la reducción de la prevalencia del consumo de tabaco está ya demostrada».
La agrupación sectorial ha manifestado que esta medida supone «la eliminación de la marca de facto», que es contraria a los derechos de propiedad industrial, a la libre competencia y a la libertad de empresa y que no consigue el objetivo perseguido de la disminución del consumo.
«Comoditiza el producto, lo que da lugar a una disminución de los precios y a un aumento del comercio ilícito, como evidencian las altas tasas de contrabando -20 %-30 %- en los países pioneros en su aplicación (Australia, Francia, Irlanda y Reino Unido), muy lejos de las de países que no lo tienen (España, Italia, Alemania), que se sitúan en el 4 %», ha ilustrado la Mesa.
Respecto a la equiparación regulatoria de los nuevos productos de tabaco ha señalado que supondrá «privar a los fumadores adultos del acceso a alternativas de menor riesgo» y ha considerado que «crucial que los gobiernos faciliten la transición hacia estos productos».
«Una regulación homogénea para todos los productos, sin considerar su nivel de riesgo, además de ir en contra del espíritu de la normativa europea, desincentivaría su desarrollo», ha indicado la Mesa del Tabaco.
Ha recordado que países como Italia, Grecia, República Checa, Suecia, Reino Unido y Nueva Zelanda ya han desarrollado políticas públicas que reconocen las diferencias.
La Mesa del Tabaco ha mencionado un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2023 que señala que España ya es uno de los ocho países con mayor control de tabaco de todo el mundo y ha considerado que, a partir de ahí, «cualquier restricción adicional deberá estar basada en la evidencia científica disponible».
