El expresidente catalán Carles Puigdemont ha regresado este jueves a Barcelona para darse un fugaz baño de masas y ha vuelto a escabullirse de la policía a escasos metros de un Parlament blindado, en una huida que pone de nuevo en entredicho a los Mossos d'Esquadra, desde hace años en el punto de mira político.
Tal y como había anunciado, Puigdemont ha acudido puntualmente a las 9 de esta mañana al acto que Junts y las entidades soberanistas habían convocado ante el Arc de Triomf de Barcelona para dar una «bienvenida institucional» al expresident, huido durante siete años, con motivo de la investidura del socialista Salvador Illa como presidente Generalitat.
Puigdemont, quien prometió en varias ocasiones en campaña que acudiría al primer pleno de investidura, ha intervenido durante unos breves minutos, aclamado por las cerca de 4.000 personas que estaban congregadas frente al Arc de Triomf y próximas al perímetro policial con que los Mossos habían cercado el parque de la Ciutadella de Barcelona, con solo una de sus puertas abiertas para acceder al Parlament.
Huida a bordo del coche de un mosso y operación Jaula
Tras su intervención, con todas las miradas y los objetivos de las cámaras sobre él, el expresidente catalán ha bajado del escenario y se ha encaminado al Parlament, acompañado de diputados y cargos electos de su partido y envuelto por una masa de seguidores.
Al abrigo de la multitud, Puigdemont se ha escabullido de la comitiva y, en un lateral del paseo, ha emprendido la huida a bordo de un turismo blanco, propiedad de un mosso d'esquadra que ha sido detenido horas después por facilitar la fuga del expresidente catalán.
La policía catalana ha tratado de detener, sin éxito, el coche donde viajaba el expresident, que ha logrado perderse rápidamente por las calles de Barcelona.
Ello ha motivado que los Mossos d'Esquadra activaran la operación Jaula para controlar los vehículos que abandonaban Barcelona y su área metropolitana, un dispositivo que después han extendido por toda Cataluña y que ha provocado colas kilométricas, sin hallar rastro alguno de Puigdemont.
Críticas a los mossos
La breve irrupción de Puigdemont en Barcelona, sin que fuera interceptado por los cuerpos de seguridad a su llegada, y su rápida huida, en un acto televisado en directo y ante un despliegue policial de máximos, ha provocado una lluvia de críticas a los Mossos d'Esquadra, un cuerpo policial históricamente atrapado en la refriega partidista y bajo la permanente sospecha de politización.
En unas horas, la policía catalana ha detenido a un mosso d'esquadra acusado de facilitar la huida de Puigdemont en coche, mientras expedía una citación para interrogar como investigado al secretario general de Junts, Jordi Turull, quien ha acompañado al expresidente catalán en su efímera aparición pública. Y todavía prevén más detenciones.
En un comunicado, los Mossos d’Esquadra han negado cualquier tipo de «acuerdo o conversación previa» con el entorno del expresident en relación con su detención, para lo que aseguran han activado un dispositivo «proporcional» que evitara desórdenes porque su prioridad era garantizar la seguridad del pleno de investidura.
Según la policía catalana, el dispositivo de seguridad se había planificado «con la fuerza suficiente» para que el pleno de investidura del socialista Salvador Illa se celebrara con normalidad, dado que ese era el «principal objetivo del cuerpo», por lo que se buscaba que la detención de Puigdemont «se hiciera de forma proporcionada y en el momento más oportuno para no generar desórdenes públicos».
Los sindicatos SAP-FEPOL y SEM-FEPOL han reclamado al conseller de Interior, el republicano Joan Ignasi Elena, y al director general de los Mossos, Pere Ferrer, que den las explicaciones oportunas al cuerpo y a la ciudadanía porque está en juego el prestigio del cuerpo con la huida de Puigdemont.
Por su parte, fuentes del Tribunal Supremo han subrayado a EFE que el juez Pablo Llarena dejó claro en el auto en el que descartó amnistiarlo que la orden de detención sigue vigente y, por lo tanto, las fuerzas de seguridad tienen la obligación de arrestarlo y ponerlo a disposición judicial.
Asimismo, Vox ha presentado una querella contra el conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, y los responsables del dispositivo policial de hoy, por omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento, desobediencia y prevaricación.
