El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha propuesto suspender de sueldo y trabajo a los trabajadores que no tengan el certificado covid. En una entrevista a RAC1, Ginesta dijo que si el trabajador decide ni vacunarse ni hacerse la prueba para acceder en el centro de trabajo, es decir «ni colaborar en el interés común ni en la salud de todo el mundo»,habría que suspender «el contrato de trabajo y la persona deje de recibir su salario». El exsecretario general de Trabajo añadió que sería trabajo de las administraciones «buscar alternativas para proteger» estas personas. La propuesta ha generado dudas entre sindicatos y abogados, que aseguran que los costes de los testos los tendría que asumir la empresa.
«No estamos de acuerdo que este derecho individual sea a expensas de exponer otros compañeros o las empresas en un mayor riesgo de contagio», afirmó. Para Ginesta, la obligación de enseñar el pasaporte sanitario en la hora de acceder al puesto de trabajo sería un «incentivo a la vacunación», no solo por las molestias que significa hacerse una maceta cada 48-72 horas, «sino por el coste económico que tiene que asumir la misma persona». En este sentido, Pimec calcula que hay más de 300.000 trabajadores sin inmunizar en Cataluña.
Pimec ha pedido reuniones con el Gobierno para tratar la materia, «pero hasta ahora el Departamento de Salud no ha querido», confirmó Ginesta. Y es que su propuesta ha provocado dudas entre expertos en materia laboral: «suspender de sueldo y trabajo algunos trabajadores porque no están vacunados o exigir la vacunación obligatoria escapa absolutamente del ordenamiento jurídico y bajo mi parecer sería una medida ilícita», dijo el abogado laboralista del Colectivo Ronda, Natxo Parra, en ‘Cataluña Información’.
Parra aseguró que obligar los trabajadores a vacunarse «no es una exigencia lícita» por parte de las direcciones empresariales y que para hacerse efectiva se tendría que recoger en una ley orgánica aprobada por el Congreso de Diputados. El jurista consideró que primero hay que apostar por «medidas otras invasivas que permiten lograr el mismo objetivo», como por ejemplo la utilización de la mascarilla que permitirían «no contagiar las personas que no tienen pasaporte covid» o la realización de tests periódicos.
Las mascarillas costarán más
Con el nuevo año las mascarillas seguirán siendo obligatorias en espacios cerrados, así como al aire libre cuando no se pueda respetar la distancia de 1,5 metros.
Sin embargo, el precio de las mascarillas quirúrgicas previsiblemente subirá en enero al dejar de estar vigente el real decreto por el cual se redujo su IVA al 4%. Desde el 18 de noviembre de 2020, el IVA de estos productos, hasta hace poco más de año y medio prácticamente exclusivos para los centros sanitarios, se redujeron del 21% al 4% tras publicarse una nueva ley en el BOE, que buscaba rebajar un 35% el precio de estas mascarillas que se convirtieron de golpe y porrazo en un producto de primera necesidad para luchar contra la pandemia.
Pero este Real Decreto termina el 31 de diciembre, por lo que, si el Gobierno no toma una medida que lo evite, en enero de 2022 volverán a subir de precio al elevarse el IVA al 21%, según confirmaron fuentes del Ministerio de Hacienda.