Camila quiere ser profesora de educación especial. Ahora está en el instituto. Tiene 13 años. Hace dos años sufrió acoso en el colegio Cardenal Herrera Oria, de Madrid. Allí, entre 2016 y 2017, un grupo de niñas de su edad le dirigían miradas desafiantes, no le hablaban ni dejaban que le hablaran, la insultaban por el color de su piel. Varias frases se quedaron en su mente: «hueles mal», «cuatro ojos», «inmigrante de mierda», «nadie te quiere».
«Me empecé a dar cuenta por ciertos comportamientos que empezó a desarrollar, como insomnio, pesadillas, irritabilidad, no querer ir al colegio, ansiedad», cuenta Petra Ferreyra, la madre de Camila, que inició un proceso judicial que esta semana ha llegado a una sentencia pionera en España, en la que se ha condenado a la Comunidad de Madrid a una indemnización a la menor por un ineficaz manejo del problema. Por un «innegable daño moral», el juzgado de lo Contencioso Administrativo 34 de Madrid falló en favor de la niña contra la Consejería de Educación. «Ni la dirección del centro ni el profesorado indagaron sobre lo que realmente estaba sucediendo, tratando de relativizar el problema y reducirlo a una cosa de niños», dice la sentencia, que fija la indemnización en 7.500 euros, aunque señala no puede ser «cuantificada».
Cuando su hija comenzó a referir sólo «algunas cosas» de lo que le sucedía en el colegio, Ferreyra acudió al centro y habló con la directora. Recuerda una conversación de este tenor: -Mi hija lo está pasando mal. -Tu hija tiene que sacar carácter, acostumbrarse. -¿Acostumbrarse a que la llamen negra de mierda? -No, mujer, ella no es negra. Es marroncita, color chocolate.
«Supe que no podía contar con ella», dice Ferreyra, que comenzó a informarse con expertos, que le aconsejaron cómo solicitar acciones. En enero de 2017 se inicia el primer protocolo, que el juez describe como «ineficaz». Conciertan una tutoría. Cuando Ferreyra entra en el recinto, las niñas que acosan a su hija la ven llegar.
Mientras las autoridades del centro prometen tomar medidas, el grupo acorrala a la niña: «Gilipollas, tonta, te vas a quedar sola, aquí no tienen que venir las madres, que es un problema de nosotras», la amenazan.
Más amenazas y aislamiento
Desde entonces empeora la situación de la niña con «continuos actos de amenazas, insultos, humillaciones, aislamiento social», dice la sentencia. «Un día jugando en el recreo a mamás y papás, me pedí ser la mamá y un niño me dijo: ‘yo no quiero ser el bebé de una inmigrante’. Yo le dije que no era inmigrante, pero me sentí mal. Yo se lo conté a la profe y no le castigaron, sólo le dijeron que no lo volviera a hacer. Me molestó. Cuando llegué a la casa, me puse a llorar». El desequilibrio era evidente: ella sola contra siete niños que a veces llegaban a diez.
La situación se incrementa y en junio de ese año los padres logran que se active un segundo protocolo. «No había interés de que se descubriera un problema de convivencia muy serio en el centro», acusa Ferreyra. «No fuimos los únicos. Hubo al menos otros cuatro casos».
La directora se vio obligada a renunciar, ante las denuncias. Empezó el siguiente curso escolar. El acoso prosiguió. «Aléjate, no nos caes bien», le decían. Los padres de Camila la cambiaron de colegio e insistieron en la acción judicial al tiempo que creaban una plataforma para combatir el racismo en las aula, bajo el lema «Suspenso al racismo».
Varias asociaciones les apoyan en la campaña. «La negación, la relativización y el ocultamiento es la tónica habitual», dicen desde Afroféminas sobre el racismo en España. «Nos congratulamos por la sentencia, pero desgraciadamente falta mucho por hacer. La educación en España no está preparada. Desgraciadamente esto sucede a miles de niños todos los días en los centros educativos».
