Pablo Casado no consigue deshacerse de la sombra de corrupción que persigue al PP y que la actual dirección del partido trata por todos los medios de dejar atrás. Un día después de que el extesorero de la formación Luis Bárcenas cumpliese su amenaza de tirar de la manta y pusiese el foco sobre el expresidente Mariano Rajoy, el líder de los populares obvió cualquier referencia al espinoso asunto durante su intervención en un acto electoral en Lleida. Ni palabra.
Volcado en la campaña en Catalunya, donde preocupa un posible sorpasso de Vox, Casado prefirió volver a la carga contra Pedro Sánchez para que haga público el informe del Consejo de Estado supuestamente desfavorable al modelo de gestión de los fondos europeos que ha propuesto la Moncloa, y anunció que llevarán al Congreso a la presidenta de este órgano consultivo, María Teresa Fernández de la Vega, para que explique «por qué permite que el Gobierno oculte» el dictamen. Pero el líder popular no dedicó ni un segundo a las revelaciones de su «oveja negra», como consideran en Génova a Bárcenas.
La voluntad del extesorero de colaborar con la justicia preocupa en el PP por sus posibles efectos directos en las elecciones catalanas del 14-F más que por sus potenciales consecuencias penales, porque no señala a ninguno de sus primeros espadas. En la dirección nacional insisten en que están «tranquilos» y restan veracidad a las palabras de quien fuera también gerente del partido, porque responden, en su opinion, a la «estrategia de un preso para salir de la cárcel». Reconocen también estar «un poco cansados» de Bárcenas y de lo «pesado» que es porque «lleva años» amenazando con una grabación o un papel. «Si lo tiene, que lo saque», le retó el portavoz del Senado Javier Maroto.
Los conservadores reniegan de ese pasado y se afanan en trazar un cortafuegos con la anterior dirección para proteger a la actual. Aseguran que las revelaciones del extesorero pertenecen al «pasado» y que «preguntar a esta dirección del PP por él, hoy, es como preguntar a la dirección actual del PSOE por Luis Roldán».
Si bien tras el señalamiento de Bárcenas, los populares eludieron defender en público al que fuera su presidente durante catorce años, Maroto rompió ayer una lanza en su favor y afirmó que Rajoy «es una persona honesta».
El extesorero Bárcenas declaró ante la Fiscalía que el expresidente conocía la existencia de un sistema de financiación irregular en el partido, que se remontaba a 1982. «Sigo absolutamente convencido de su honorabilidad en toda su carrera política. No tengo dudas», aseveró el líder del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a quien todos veían como el recambio natural de Rajoy, pero que finalmente dio un paso atrás cuando se abrió la carrera por la sucesión en el verano de 2018. Junto a su mensaje de apoyo al expresidente, la dirección del PP también quiso lanzar un aviso a todos los niveles: «Si hay alguien que haya hecho algo mal –advirtió Maroto–, que lo pague».
Para la oposición, en cambio, todo forma parte de la misma historia de corrupción. La vicepresidenta Carmen Calvo tachó de «insultante» que los populares se desmarquen de Bárcenas y hablen del pasado cuando Casado reivindica la trayectoria del PP. «¿En qué quedamos? ¿En que tienen historia, en que ese partido es el suyo, o que lo fundaron antes de ayer?», preguntó la número dos del Ejecutivo.
Para Podemos, las causas abiertas contra los conservadores en los tribunales permiten «entender el bloqueo del PP a la renovación del Poder Judicial».
En ERC alertaron del impacto que tendrá que Bárcenas tire de la manta. «Cuando Casado era un chaval –dijo Gabriel Rufián–, ya se paseaba con toda esta gente por los pasillos». Cs pidió a los populares que no miren para «otro lado» porque «los españoles merecen saber si se financió ilegalmente».
Entre tanto, el expresidente Rajoy guarda silencio. Su posición se conocerá cuando acuda como testigo al juicio sobre la caja B del PP, que empieza la próxima semana. Además, los diputados le exigirán explicaciones en la comisión de investigación sobre el caso Kitchen, con la que el Congreso busca dilucidar si el Gobierno de Rajoy usó fondos reservados para destruir las pruebas con las que Bárcenas pretendía demostrar la existencia de una caja B.
