El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un decreto por el que extenderá algunas medidas de carácter social más allá del estado de alarma que acaba el próximo domingo, entre ellas la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables.
El Gobierno ha decidido mantener su reunión habitual de los martes, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pese a que coincide con la jornada electoral en la Comunidad de Madrid, y también habrá la tradicional rueda de prensa a su término.
Una comparecencia en la que la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, estará acompañada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
Ella es la que, según han informado a Efe fuentes del Gobierno, ha coordinado las diversas medidas que forman parte del decreto que aprobará el Consejo de Ministros y que afecta a diversos ámbitos.
En el apartado de medidas sociales, el Consejo ampliará tres meses más las políticas de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios de colectivos vulnerables.
La suspensión estaba vigente hasta el 9 de mayo, jornada en la que acabará el estado de alarma, y, con su decisión, el Gobierno la amplía hasta el 9 de agosto.
Fue el propio presidente del Gobierno quien en su comparecencia del pasado 14 de abril ante el pleno del Congreso para informar de la evolución del estado de alarma anunció esa ampliación de tres meses que se va a hacer efectiva ahora.
En concreto, según explicó en esa comparecencia, se ampliará la posibilidad de solicitar moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, así como los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses en los mismos términos que se venía haciendo.
También se ampliará tres meses la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aspectos de hogares afectados por lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamientos en casos de dependientes, menores o víctimas de violencia contra la mujer previa valoración del juez.
Además, el Gobierno incluirá en el decreto otras medidas relacionadas con la situación que vivirá el país una vez que acabe el estado de alarma.
Una decisión que el Ejecutivo recalca que no tiene marcha atrás y ante la que insiste que las comunidades tienen instrumentos suficientes para hacerle frente sin necesidad de aprobar nuevas herramientas legales.
