La fiscalía ha presentado un recurso al Tribunal Supremo contra su decisión de no aplicar la amnistía a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa por un delito de malversación, manteniendo así sus inhabilitaciones más allá del 2030.
El ministerio público argumenta que no hubo ningún beneficio patrimonial y tampoco se afectaron los intereses financieros de la Unión Europea. El recurso acusa a la sala de utilizar una «construcción mental» para evitar aplicar la amnistía a los procesados y sostiene que «la lectura de los hechos probados conlleva naturalmente que los mismos son susceptibles de ser amnistiados». «Esta es la interpretación razonable de la norma», añade.
Argumenta que el hecho de que la sala destaque que el uso de fondos públicos permitió a los procesados utilizar sus propios recursos personales tampoco se sostiene, porque si hubieran utilizado su propio patrimonio para materializar el referéndum ni siquiera habría delito de malversación en primer término. Además, insiste en que todos los fondos públicos utilizados se destinaron al proceso, y no hubo un aumento patrimonial.
Respecto a los intereses de la UE, señala que no hay evidencia de que los fondos utilizados procedieran de fondos europeos, y que también quedó demostrado por la propia sentencia que el 1-O no buscaba directamente la independencia.
En el caso de que el proceso hubiera culminado en un estado catalán, con su supuesta afectación económica a los ingresos de la UE, la fiscalía destaca que esta tesis parte de que «el territorio escindido no habría formado parte de la UE y prescinde de cualquier análisis sobre la disminución de gastos que esto también habría implicado».
Además, añade que sobre esta cuestión no se instruyó nada, no hay ninguna acusación ni condena al respecto.