La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el conseller d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, David Mascort, se han reunido esta mañana en Barcelona para coordinar los trabajos entre ambas administraciones que aborden la situación de emergencia por sequía en la que se encuentra Catalunya.
Del encuentro han surgido dos medidas para hacer frente a la actual situación de sequía que atraviesa Catalunya. Por una parte, se ha anunciado el desarrollo de las desalinizadoras Tordera II y Foix, con una inversión de 467 millones de euros en total.
La planta de Foix se encuentra dentro del territorio de Tarragona, entre las localidades de Cunit y Cubelles, al límite con la provincia de Barcelona. Se estima que entrará en funcionamiento en 2029 y que contará con una capacidad de tratamiento de 20 hm³ al año.
La obra contará con un presupuesto de 180 millones de euros. El dinero procede de crédito transferido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La otra desalinizadora, Tordera II, se situará en la provincia de Girona, en Blanes. Esta entrará en funcionamiento en 2028 con una inversión de 287 millones de euros. Ambas instalaciones contarán con instalaciones fotovoltaicas para el consumo energético.
La plata de Girona multiplicará por cuatro la capacidad del actual complejo, llegando a los 60 hm³ al año. Ambos proyectos serán desarrollados por la empresa pública Acuamed.
Hasta dos barcos diarios desde Sagunt a Barcelona
Tras «una exhaustiva evaluación de alternativas», el ministerio ha determinado como solución «más sencilla y viable» el traslado de agua en barco desde la desalinizadora de Sagunt, en la Comunitat Valenciana y de titularidad estatal, al puerto de Barcelona. Así lo ha explicado la vicepresidenta Teresa Ribera tras la reunión.
Actualmente, la planta funciona a un 10% de su capacidad y podrá incrementar su actividad para esta medida de emergencia. «Si la situación de no mejora, el traslado comenzará en junio y podrá alcanzar un máximo de 40.000 m³ de agua trasladada en dos barcos diarios», ha precisado Ribera.
En el encuentro entre la vicepresidenta y el conseller, se ha acordado que el coste del aumento de tratamiento de agua será asumido por el gobierno central, mientras que la operación de gestión con los barcos lo asumirá la Generalitat de Catalunya.