El Gobierno se aferra a la polémica del Parque Nacional de Doñana y eleva el tono contra el PP y el presidente autonómico Juanma Moreno. «No vamos a negociar ilegalidades», aseguraba la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien exhortaba a los populares andaluces a retirar la iniciativa y ligaba la actitud de Génova al respecto como un intento de competir electoralmente con Vox de cara a las elecciones autonómicas y locales del próximo 28 de mayo.
El cruce de acusaciones entre el Ejecutivo y la Junta de Andalucía a cuenta de la norma andaluza sobre regadíos en el entorno de Doñana ha ido más allá tras el varapalo que recibió este lunes el gobierno andaluz por parte de la Comisión Europea, quien advirtió a los de Moreno que su ley provocará «efectos desastrosos» sobre la reserva.
Fuentes cercanas al ministerio de Transición Ecológica advierten de que, si el Ejecutivo popular no da marcha atrás, existe la posibilidad de que la Comisión Europea pueda acudir de forma inmediata al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). O que se establezca una multa por parte de las instituciones europeas tras abrir un procedimiento infractor del plan hidrológico del Guadalquivir.
Ribera, que sostiene que el PP ha caído en un «error de cálculo», dejó claro ayer que para que se produzca un diálogo con el ejecutivo andaluz este antes debe retirar la iniciativa. Algo a lo que los de Moreno no parecen dispuestos. De hecho, Javier Maroto, portavoz de los populares en el Senado, quiso también ayer separar la preocupación de la UE por Doñana de la ley que preparara el Gobierno andaluz.
El dirigente popular insistió en que la norma apenas ha comenzado su tramitación y que la que se apruebe cumplirá con todos los condicionantes medioambientales y se atendrá a las apreciaciones de la Unión Europea. Masroto reiteró que el compromiso medioambiental de la Junta de Andalucía es «clarísimo» y, del mismo modo, atribuyó al PSOE la responsabilidad de la inquietud de Bruselas al afirmar que ésta responde al incumplimiento de una sentencia comunitaria por parte de administraciones socialistas y a la inacción del Ejecutivo de Sánchez.
Precisamente, el senador popular reprochó al presidente del Gobierno que no le coja el teléfono a la Junta y que no acceda a celebrar una reunión porque, de hacerlo, dijo, «se enterarían todos los españoles» de cuál es la situación. El portavoz popular también atribuyó a Sánchez la utilización de Doñana como excusa para no hablar de otras cuestiones: «Para Sánchez es mejor hablar de esto que de la situación económica de los españoles», lanzó Maroto, quien tildó de «obsesión» la del Ejecutivo de hablar del parque natural.
Otro de los que se refirió a la polémica fue el vicesecretario de Economía del PP. Juan Bravo se empleó a fondo para reivindicar la labor del Gobierno de la Junta andaluza y definir a Moreno como un «gran gestor».
