El nuevo Govern nace con el veto a Hard Rock en el programa

El pacto entre Comuns y PSC para hacer president a Salvador Illa incorpora el compromiso de «no facilitar» el proyecto de ocio en Vila-seca y Salou y devolver la fiscalidad del 10% al 55%

31 julio 2024 19:18 | Actualizado a 31 julio 2024 19:18
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El acuerdo entre Comuns y PSC para investir a Salvador Illa incide, como el de PSC y ERC trascendido el martes, en las trabas al proyecto de Hard Rock previsto en Vila-seca y Salou. «Lo hemos conseguido: el Hard Rock no se hará en Catalunya». Así de contundente se manifestó ayer la líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, al anunciar el pacto de investidura de su partido con el PSC para investir a Salvador Illa.

Así lo explicó en su intervención ante el consejo nacional de Catalunya en Comú, que ratificó el preacuerdo alcanzado con los socialistas. Hay que recordar que con la excusa de este proyecto que los Comuns rechazaron los últimos Presupuestos de la Generalitat, lo que provocó a su vez la convocatoria de unas elecciones anticipadas.

Los 6 votos de los Comuns en el Parlament, sumados a los 20 de ERC –cuyas bases decidirán mañana viernes si avalan su propio preacuerdo con los socialistas– y a los 42 del PSC, bastan para alcanzar la mayoría absoluta que necesita Illa para ser investido.

Solo 24 horas después de que se hiciera público el preacuerdo de PSC y ERC para investir a Illa, que en lo referente a Hard Rock preveía incrementar la fiscalidad de los casinos del 10% al 55% echando atrás la rebaja aprobada en el 2014, el acuerdo entre socialistas y Comuns indica, literalmente, que el próximo Govern «no facilitará proyectos como el macrocasino de Hard Rock» y que, por este motivo, «se eliminará la reducción de la fiscalidad del juego prevista en la Ley 6/2014». En la línea, por tanto, de la vuelta a la fiscalidad del 55% pactada entre socialistas y republicanos.

La lectura del acuerdo de Albiach ante el consejo nacional era mucho más contundente, e iba mucho más allá del «no facilitar» del texto. «Nos dijeron que no era posible. Nos dijeron muchas cosas y ninguna era bonita. Pero nos hemos mantenido firmes en que Catalunya no puede ser el casino de Europa ni merecía ser Las Vegas del Mediterráneo, y lo hemos conseguido. El Hard Rock no se hará en Catalunya», sentenció Albiach.

La dirigente del partido insistió en que les dijeron «de todo», pero subrayó que al final tanto el PSC como ERC se acabaron añadiendo a sus postulados en contra del gigante del juego en la demarcación. «Han venido a las nuestras», celebró.

El alcalde de Salou, Pere Granados, afirmó ya el martes en declaraciones al Diari que no veía peligrar la inversión de Hard Rock a pesar de la supresión de la rebaja fiscal al juego que han incluido PSC y ERC en su acuerdo para investir a Salvador Illa como president. «Una reducción de beneficios fiscales no será motivo suficiente para que se marchen, dado el interés que han mostrado siempre por invertir aquí», dijo.

El edil salouense se reafirmó en esta visión ayer en el plenario tras trascender el acuerdo Comuns-PSC. Granados señaló que Hard Rock ha mantenido su apuesta por los terrenos del CRT de Vila-seca y Salou, «después de esta década de historias políticas que no han favorecido la inversión, con muchas empresas marchándose de Catalunya». De hecho, que Salvador Illa llegue a la presidencia de la Generalitat es, en opinión del alcalde Granados, «una garantía de que este proyecto se ejecutará y de que pronto verá la luz». Recordó además que el macrocomplejo de Hard Rock se anunció en su día gracias al pacto de PSC con la entonces CiU.

El alcalde de Vila-seca, Pere Segura (Junts), quiso señalar que ERC, en el Govern, «pudo haber modificado el tema de la fiscalidad si este era el problema, y no lo hizo». «La gente del Camp ya estamos hastos de ser moneda de cambio por cuestiones políticas».

En cualquier caso, y más allá del acuerdo de los tres partidos llamados a conformar el futuro Govern en el regreso a la fiscalidad previa a 2014, la afirmación categórica de Jéssica Albiach ayer de que «Hard Rock no se hará» no tuvo ningún eco entre las instituciones, organizaciones empresariales y entidades de la Costa Daurada ni del conjunto de Tarragona.

La vivienda, prioridad

Del resto de medidas que incluye el preacuerdo entre los Comuns y el PSC destacan el compromiso para «garantizar la conexión del tranvía por la avenida Diagonal» de Barcelona, y «la reducción» del número «de cruceros y de cruceristas» que llegan al puerto barcelonés. También incluye la decisión de que «no se impulsará durante esta legislatura el Cuarto Cinturón hasta Granollers».

En materia de acceso a la vivienda, prioridad de los Comuns para esta legislatura, se prevé aprobar un «régimen sancionador» para castigar los incumplimientos que se producen en las leyes que regulan los alquileres. Esta medida irá acompañada de otra que también figura en el preacuerdo PSC-ERC, que es el de regular los alquileres de temporada mediante la modificación de la LAU.

Sobre vivienda, Albiach ha apuntado que habrá «mas vivienda protegida que nunca, más de 55.000 pisos nuevos hasta 2030 y de estos 15.000 como mínimo tienen que ser del Incasol, que tiene que ser la gran inmobiliaria de alquiler público».

Además, se pretende crear «una unidad de intervención en procesos de pérdida de la vivienda habitual (desahucios)», y se impulsará «una reducción del volumen de pisos turísticos». Se aprobará el registro de grandes tenedores de viviendas, así como un reglamento de pisos vacíos para poder «movilizarlos».

Respecto a la Educación, se desea llegar al 6% del PIB en inversión durante esta legislatura, recuperar la sexta hora en las escuelas públicas y conseguir la gratuidad del tramo 0-3 años, además del «impulso de la formación profesional».

En materia de Sanidad, se quiere garantizar una visita con el médico de cabecera del ambulatorio como máximo en 48 horas, el «despliegue» del dentista público y la creación de un psicólogo gratuito sin cita previa para jóvenes y adolescentes en las principales ciudades catalanas.

En Derechos Sociales, se prevé la creación de 6.000 nuevas plazas residenciales, centros de día y atención domiciliaria.

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