El Ministerio de Sanidad ha aparcado por ahora la reforma del copago farmacéutico que preveía acometer dentro de la ley del medicamento para hacerlo más proporcional a los ingresos, pero la introducirá en un momento más avanzado de la tramitación de esta norma, que prevé llegue al Congreso antes del verano.
El anteproyecto de ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros permitirá «modernizar el ecosistema de los medicamentos y adaptarlos al siglo XXI», incorporar las lecciones que dejó la pandemia sobre autonomía estratégica y «mirar al futuro no solamente de las necesidades de los pacientes, sino también asegurando la sostenibilidad propia de nuestro sistema sanitario», ha resaltado la ministra de Sanidad, Mónica García.
Con esta norma se actualizará la política farmacéutica para fomentar una «competencia saludable» con un mayor uso de biosimilares y fármacos genéricos, y fortalecer la capacidad de España «para poder tener un buen abastecimiento de medicamentos esenciales», ha añadido.
Así, reforma el Sistema de Precios de Referencia (SCR), con el que se fija la cuantía máxima financiada por la sanidad pública por presentaciones de medicamentos incluidas en conjuntos, los cuales contienen como mínimo dos fármacos con el mismo principio activo e idéntica vía de administración.
También otorga mayor seguridad jurídica a la prescripción enfermera e introduce la de fisioterapeutas, así como la sustitución farmacéutica para que este profesional pueda dispensar medicamentos equivalentes entre sí, entre otras medidas.
Sin embargo, del anteproyecto aprobado hoy sale la reforma del copago farmacéutico que Sanidad quería acometer para rebajarlo a las rentas más reducidas y aumentárselo a las superiores a los 100.000 euros, con lo que por ahora se queda como está.
Desde 2012, el sistema de copago se divide en tres tramos: el de rentas inferiores a 18.000 euros, que pagan el 40 % de su medicación; las de 18.000 a 100.000, que abonan la mitad; y las que superan los 100.000, que desembolsan el 60 %.
Estos mismos tramos se aplican a los pensionistas, sólo que ellos tienen con techos máximos de aportación de 8,27 euros, 18,52 euros y 61,75 euros mensuales en cada intervalo de renta.
La idea de Sanidad era introducir tres nuevos horquillas en el grupo de rentas bajas: de hasta 9.000 euros; 9.000-18.000; y 18.000-35.000. Las dos primeras tendrían que aportar el 40 % hasta un máximo de 8,27 y 18,52 euros mensuales, respectivamente, y la tercera pagaría la mitad con un techo de 61,75 euros.
A partir de los 35.000 desaparecían esos topes mensuales pero no el porcentaje de aportación, de modo que quienes ingresen de 35.000 a 60.000 tendrían que abonar el 55 %; los de 60.000 a 100.000, el 60 % y, a partir de esa cifra, el 65 %.
Sanidad no renuncia ni mucho menos a su reforma y, según indicó el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en un encuentro con medios, más adelante defenderá la misma propuesta «o parecida».
La razón del aplazamiento es que otros ministerios implicados, como Hacienda o Industria, consideran que es mejor retomarlo en la segunda vuelta del texto ante el Consejo de Ministros o bien después durante su andadura parlamentaria, sin que ninguno haya planteado «objeciones de fondo», garantizó el número 2 de Sanidad, que calcula que antes del verano pueda estar debatiéndose en el Congreso.
El anteproyecto ha sido aprobado por la vía de urgencia y durante los próximos 15 días estará abierto el plazo de alegaciones para recibir propuestas de ciudadanos y organizaciones interesadas.
