El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves, 30 de mayo, la ley de amnistía. Tras cinco meses de tramitación y un veto del Senado, la ley ha obtenido 177 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, Podemos, PNV, BNG y Ábalos) y 172 en contra (PP, Vox, CC y UPN) y ha quedado lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Una vez publicada en el BOE, la norma quedará en manos de los jueces, que disponen de dos meses para aplicarla, pero que tienen la posibilidad también de plantear cuestiones prejudiciales a la justicia europea para entorpecer el proceso. En el transcurso del pleno, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un recurso en el Constitucional.
Las reacciones de los partidos
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado en declaraciones en los pasillos del Congreso que «la amnistía sirve para resolver un conflicto político» y «cierra un ciclo» para abrir «un nuevo tiempo de reencuentro y de concordia», y «para que en Catalunya haya un gobierno que se dedique a resolver los problemas de la ciudadanía, y en España también».
Desde Podemos, el diputado Javier Sánchez Serna ha celebrado la inminente aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, pero ha advertido al gobierno español de que sin un auténtico proceso de regeneración democrática ésta será una «victoria pírrica».
El diputado del PNV Mikel Legarda ha recordado este jueves que los hechos de 2017 fueron resultado directo del «inconcluso encaje» que la estructura del Estado ofrece a territorios como Cataluña o País Vasco. Por ello, ha pedido encarar el fenómeno soberanista con un «nuevo punto de vista» que no sea penal ni de orden público.
EH Bildu celebra que la ley de amnistía «desembarra» el terreno de juego, pero también avisa de que «el conflicto político sigue sobre la mesa». Así lo ha defendido este jueves el diputado Jon Iñarritu durante el debate definitivo de la norma en el Congreso de los Diputados.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este jueves que la ley de amnistía supone «la primera derrota del régimen del 78» y ha situado el referéndum como próximo objetivo a marcar el independentismo.
Sumar ve en la ley de amnistía una «victoria» que posibilita una «convivencia no basada en la imposición, sino en el reconocimiento de la pluralidad y la libre decisión de los pobres y gentes». Así lo ha asegurado el diputado Gerardo Pisarello en el debate definitivo sobre la norma en el Congreso.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha calificado de «victoria democrática» la aprobación «histórica» de la ley de amnistía, pero ha advertido de que ésta no es una norma «de pacificación», sino «de reparación « de las «injusticias cometidas en la represión al independentismo catalán».
Uno de los principales opositores a esta medida, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido en que con la aprobación de la amnistía en el Congreso de este jueves se completa un acto de «corrupción política» se legitima «un golpe de Estado y la violencia política en España».
lberto Núñez Feijóo ha desafiado a Pedro Sánchez a retirar la ley de amnistía, convocar unas elecciones anticipadas y defenderla durante la campaña electoral. El líder del PP lo calificó de «corrupción política» y lo comparó con el caso de que salpica a su mujer, Begoña Gómez.
La aplicación de la ley
La ley de amnistía se tendrá que publicar en el BOE tras su aprobación en las Cortes pero no hay garantía de que sea mañana viernes, tal como apuntan algunas fuentes del Ejecutivo.
Otras fuentes socialistas del Gobierno también reconocen cierta preocupación por la aplicación de la ley que hagan los jueces, sobre todo tras el envío de una guía elaborada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial con indicaciones para elevar cuestiones prejudiciales sobre esta norma a la justicia europea, lo que forzaría su suspensión.
Al respecto, estas fuentes confían en que no haya ninguna doctrina ni interpretaciones interesadas por parte de los jueces.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que el Gobierno apoya a los jueces y cree que deberán aplicarla «con independencia, con rigor, con profesionalidad y con excelencia técnica» mientras que desde Sumar se avisa de que podrían incurrir en un delito de prevaricación.
El PP mientras tanto se prepara para dar la batalla en todas las vías para tumbarla, incluida la vía jurisdiccional y el recurso ante el Tribunal Constitucional.
