El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciado este lunes el compromiso del Gobierno que preside Salvador Illa de poner fin, mediante una norma con rango de ley, a la “cita previa obligatoria” en los servicios públicos de Catalunya.
Así lo ha explicado en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, en la que ha presentado la estrategia de transformación y mejora de los servicios públicos de la administración catalana.
Esta estrategia comenzará con un paquete de medidas inmediatas, como el impulso de una norma con rango de ley para acabar con la cita previa obligatoria en los servicios públicos de Catalunya, una práctica que “se impuso durante la pandemia”, ha señalado Dalmau.
Según el conseller, no se trata de eliminar la fórmula de la cita previa, sino su obligatoriedad, para garantizar el derecho a la atención presencial en los servicios públicos.
El plan de choque con medidas de aplicación urgente, que mañana martes aprobará el Govern en su reunión semanal, incluye también un programa de nuevas vocaciones profesionales en el servicio público, con la creación de 2.000 plazas de prácticas remuneradas para jóvenes estudiantes, con el fin de “atraer talento del mundo universitario”.
Dalmau ha destacado el reto del “cambio generacional” que afronta la administración de la Generalitat, con 77.000 trabajadores mayores de 50 años, un 39% del total, y con 27.000 que para el año 2030 “se jubilarán”.
El Govern se propone asimismo “mejorar la gobernanza de las entidades del sector público” de la Generalitat incorporando miembros independientes en sus órganos colegiados de gobierno, así como reducir los órganos colegiados de la Generalitat para optimizar la toma de decisiones.
Carles Ramió, al capdavant d’una “comissió d’experts”
Más allá de las medidas de aplicación más inmediata, el Gobierno trabajará en una reforma de la administración a largo plazo, a través de una comisión de expertos, liderada por el politólogo Carles Ramió, que definirá la estrategia de esta transformación.
Ramió, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autònoma de Barcelona, encabezará esta comisión, que contará con doce vocalías y se reunirá mensualmente, para presentar en un plazo máximo de diez meses un informe final de propuestas.
Esta comisión trabajará sobre doce ámbitos prioritarios, entre los que destacan la simplificación normativa y de procesos, la digitalización integral de la administración, la atención presencial a la ciudadanía, la transparencia de trámites y servicios, y la consolidación del empleo público de calidad.
Asimismo, entre las prioridades figura el concepto del sector público como generador de actividad económica en colaboración con el sector social y privado, la definición de un nuevo modelo de dirección pública profesional, el impacto de la demografía y el cambio climático, el prestigio institucional y la comunicación.
El Govern creará, además, una comisión interdepartamental para la implementación de estas medidas de transformación.
Dalmau ha recordado que al inicio de la legislatura el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encargó a su Gobierno avanzar en los primeros cien días en la “definición de la estrategia para la transformación de los servicios públicos”, un proceso que, según el consejero, será “gradual y ambicioso” y que se propondrá “superar algunas estructuras obsoletas y algunos corsés normativos”, con el fin de “transformar los servicios públicos para protegerlos”.
