El juez del ‘caso Volhov’, Joaquín Aguirre, ha inadmitido este lunes dos solicitudes de recusación presentadas en su contra y vinculadas a los audios publicados por ‘Diario Red’, donde se jactaba de haber detenido la tramitación de la ley de amnistía. En los autos, el magistrado critica que los audios tienen un “origen desconocido” y afirma que esto permite “suponer que la fuente es inconfesable, que su origen es turbio y, posiblemente, ilícito”. De hecho, Aguirre señala que ya ha presentado una denuncia al Cuerpo Nacional de Policía por la publicación de los audios. “Resulta más que dudoso que la recusación se haya propuesto de buena fe”, afirma el magistrado, quien también recuerda en el escrito que Gonzalo Boye ha pasado de abogado a investigado en la causa.
Según el escrito, el juez no tiene ningún “interés directo ni indirecto” en abrir una pieza separada por el ‘caso Volhov’ –la que se ha promovido por traición y malversación contra Artur Mas, Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye o el propio Carles Puigdemont, entre otros– y la recusación del abogado se debe al hecho de que está realizando “una instrucción que no es del interés del recusante”.
En este sentido, el magistrado apunta que hay un “fraude de ley” en la solicitud de recusación que obliga a rechazarla.
“La recusación se fundamenta en unas presuntas declaraciones de este magistrado, hechas en el ámbito privado, que han llegado a manos de un medio de comunicación por orígenes desconocidos y presumiblemente ilícitos, y que se hacen públicos seis meses después de la fecha en que se dice que se hicieron, y después de haberse desestimado una primera recusación, y justo después de haberse abierto la pieza separada de injerencia rusa”, argumenta Aguirre.
Además, Aguirre también rechaza aplicar la ley de amnistía a los investigados en varias piezas judiciales relacionadas con supuestas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona, entre ellos Josep Lluís Alay, responsable de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, y Víctor Terradellas, el empresario y exresponsable de relaciones internacionales de CDC.
En resoluciones conocidas este lunes, el juez que investiga el caso ‘Volhov’ tampoco considera amnistiables a los investigados en la pieza de CatMon/Igman, sobre supuesto financiamiento indirecto del procés a través de subvenciones públicas, ni en la del nombramiento de la exconcejal de CiU Maite Fandos como asesora de la Diputació de Barcelona.