La Federación Empresarial de Autotransporte de Tarragona (FEAT) ha advertido que electrificar la flota de vehículos es inasumible a nivel económico.
Ante la normativa europea que fija que a partir de 2035 se dejarán de vender camiones con motor de combustión interna, los transportistas tarraconenses ven «un desastre».
El presidente de la entidad, Joaquim Riudeubas, ha recordado que en la demarcación hay una flota de más de 4.000 taxis, autobuses y camiones. «Eso hay que tirarlo a la basura y hacerlo de nuevo», ha ejemplificado, y ha dicho que una PYME o un autónomo no puede asumir el costo de cambiar su vehículo.
Riudeubas ha señalado que un camión de diésel vale unos 120.000 euros, mientras que uno eléctrico se acerca a los 500.000.
Ante la «preocupación» que genera en el sector este escenario, la FEAT ha organizado este martes una jornada para analizar las perspectivas de futuro titulada ‘El sector del transporte en Tarragona’. En la mesa redonda han participado expertos de empresas y entidades vinculadas a la automoción, el hidrógeno o los combustibles. También ha estado presente el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Tarragona, Joan Gabriel Talarn, quien ha indicado que en el futuro «cada sector tendrá su tecnología y aún estamos al inicio del desarrollo».
«Los próximos años serán clave para definir si se acaba imponiendo el vehículo eléctrico o si el hidrógeno termina siendo un vector válido para el transporte», ha expuesto. En este sentido, ha comentado que para el uso doméstico el vehículo eléctrico «está consolidado» pero que aún no lo está para hacer trayectos de más de 1.000 kilómetros o para mover mercancías. Para Talarn, «la implantación del vehículo de pila de combustible puede ser un complemento para las empresas de transportes, dotándolas de la autonomía que necesitan y permitiendo que los tiempos de recarga sean más cortos que los del vehículo eléctrico».
De hecho, ha comentado que ya existe la tecnología para reconvertir los vehículos de combustión en impulsados por hidrógeno, pero que el Estado español va retrasado en la homologación. «Es una dificultad que esperamos se pueda resolver en los próximos años», ha dicho. Por su parte, Riudeubas ha puesto el foco en los biocombustibles, que pueden ser una solución para reducir las emisiones de CO2.