Lo que la semana pasada empezó como un párrafo muy medido en el comunicado de presentación de resultados de Repsol -que dejaba caer que el punto del acuerdo de coalición alcanzado por PSOE y Sumar donde se contempla convertir en permanente el impuesto extraordinario sobre la banca y las energéticas conduce a una inseguridad jurídica que podría comprometer sus futuras inversiones en España-, ha escalado.
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, añadía que «es un impuesto discriminatorio, ilegal e inconstitucional. Hay negocios, como el de la química, que están pagando este impuesto y eso hace que tengan dificultades a la hora de competir en el mercado internacional».
Un extremo confirmado la semana pasada desde la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), que en sus previsiones para 2023 proyectaba un retroceso del 6,8% de la facturación para la industria química española, lastrada por «los altos costes energéticos y la caída de la demanda».
En sus declaraciones públicas tras la presentación de resultados, Josu Jon Imaz iba un paso más allá, al asegurar que «antes de tomar una decisión de inversión, miraremos el entorno regulatorio. Seré claro, cristalino: si no vemos estabilidad, tomaremos decisiones».
Esas ‘decisiones’ fueron las que, el lunes, trató de concretar el presidente de Petronor y consejero de Repsol, Emiliano López Atxurra, al afirmar que hay inversiones que «tienen que estar en ‘stand by’» si no hay un marco regulatorio «estable y previsible», aludiendo explícitamente a un electrolizador de 100 MW que Repsol proyecta en el País Vasco.
Inversiones clave en Tarragona
Una situación que, aunque sin ninguna alusión directa pública por parte de Repsol, se extiende al resto de proyectos industriales actualmente en fase de estudio, de los cuales los dos más importantes se encuentran en el polo petroquímico de Tarragona. Se trata del mayor electrolizador de España (con hasta 150 MW) y de la Ecoplanta de El Morell -ambos avalados por la Comisión Europea tras un durísimo proceso de selección competitiva en toda Europa-, que suman una inversión conjunta de 1.050 millones de euros.
Son, de hecho los dos proyectos estrella que tiene hoy el polo petroquímico de Tarragona para transitar con éxito su descarbonización y circularidad, exhibidos como referente para atraer nuevas inversiones. Su paso a situación de stand by es un jarro de agua fría para muchas de las ambiciones de este territorio para conseguir una industria descarbonizada, circular y de alto valor añadido en el marco de un continente, el europeo, donde no todos los complejos petroquímicos van a sobrevivir a este proceso.
Endesa y Banco Santander
Ayer, la señal de alerta lanzada por Repsol ganó decibelios. Endesa, otra empresa energética afectada por esta medida fiscal, se sumó a las críticas durante su presentación de resultados, con una caída del 35,9% en su beneficio neto a consecuencia de este gravamen extraordinario, que su consejero delegado, José Bogas, tachó de «discriminatorio e injustificado», además de asegurar que «no sigue la legislación y la regulación europea: si este impuesto especial es discriminatorio frente a los derechos de las empresas europeas, no tiene sentido continuar con eso».
La última en adherirse a estas críticas fue Ana Botín, presidenta de Banco Santander: «Hay que pagar impuestos, pero si pagas demasiados, la gente se marcha o desincentivas a los que puedan venir», argumentó.
