“O bajan los precios, o huelga de alquileres”. Esta es la consigna que han lanzado las organizaciones en defensa de la vivienda en los últimos meses. Pero, ¿qué encaje legal tiene que los inquilinos dejen de pagar las cuotas? Expertos en derecho inmobiliario consultados por la ACN confirman que se trata de una acción “que no tiene amparo legal” en el Estado y advierten que podría generar un “colapso” en los juzgados y, en última instancia, acabar en desalojos. Otras voces, en cambio, aseguran que podría ser una “solución” si se plantea como un “litigio estratégico” para señalar a fondos de inversión propietarios de bloques enteros. También se fijan en casos como el de Nueva York, donde los inquilinos tienen derecho a reducirse las mensualidades en ciertas condiciones.
Por ahora, el Sindicato de Inquilinos no ha concretado cómo plantea la huelga de alquileres, y cuestiones como a partir de cuándo debería hacerse, qué parte de las cuotas afectaría o quién estaría llamado a participar siguen siendo una incógnita. La organización ha convocado una movilización para el próximo sábado 23 de noviembre en Barcelona “para empezar el camino” hacia esta acción, que de momento plantean como un llamado a “dejar de pagar el alquiler de forma masiva”.
“Esta manifestación no es un final, sino un principio, y a partir de ahí tendremos que empezar a organizarnos para ver cómo avanzamos hacia esta huelga de alquileres”, explica la portavoz del Sindicato de Inquilinos, Carme Arcarazo, en una entrevista con la ACN. Arcarazo asegura que por el momento “todo está sobre la mesa”, apuesta por hacer una acción “consensuada” y destaca que, para que “funcione”, debe ser “masiva”. “No estamos hablando de algo pequeño, sino que debemos ser miles y miles”, dice.
De entrada, el Sindicato de Vivienda de Gracia adelanta que apoyaría una huelga de alquileres. “La veo factible, la veo futura y la veo real”, dice Judit Esposa, miembro de la organización. “Si en el futuro vemos que es posible, apostaremos por este tipo de protesta”, afirma, lamentando que las leyes “protejan la propiedad por encima de todo” frente al derecho a la vivienda. “Hay un sistema judicial que realmente no está para proteger a los vecinos, no está para proteger a las personas que no son propietarios, y hay unos políticos que son rentistas. La misma ministra de Vivienda lo es”, critica Esposa.
Una demanda sin amparo legal, pero útil como “ejercicio político”
El criminólogo y profesor de la Facultad de Derecho de la UPF Jordi Bonshoms, autor de varios estudios relacionados con huelgas de alquileres, indica que el contexto actual de encarecimiento generalizado de acceso a la vivienda ha propiciado “todos los ingredientes” para que en el Estado pueda darse una acción de estas características y defiende que no se trataría de una “huelga general” a la que toda la población pueda unirse, sino de un “ejercicio político”.
“Al principio, podría darse en un bloque de propiedad vertical —cuando todos los pisos son de un mismo propietario— contra un fondo de inversión que esté subiendo los alquileres, imponiendo cláusulas abusivas o realizando acoso inmobiliario”, señala Bonshoms, quien cree que este puede ser “el primer paso más efectivo” de cooperación vecinal. “Si los inquilinos dicen basta y se plantean hacer algo, esto puede ser una huelga de alquileres”, añade.
En este caso, suponiendo que el propietario decidiera presentar una demanda por impago, Bonshoms asegura que los inquilinos “podrían defenderse”, a pesar de que actualmente la huelga de alquileres no esté reconocida como un derecho. “Si hay un agravio sostenido en el tiempo por parte de la propiedad, una huelga de alquileres puede, en condiciones específicas, tener formas de defenderse”, argumenta.
El profesor recuerda que ha habido huelgas de alquileres como protesta pacífica desde finales del siglo XIX y menciona la de Barcelona de 1931 o la de la pandemia de covid-19, que fue secundada por más de 16,000 personas en el Estado, según el Sindicato de Inquilinos. Entonces, se creó una caja de resistencia para asumir los gastos derivados de estos impagos masivos.
Por su parte, la experta en derecho inmobiliario y profesora de la Cátedra de Vivienda de la UPF Maridalia Rodríguez subraya que dejar de pagar el alquiler como medida de protesta “en sí no es un derecho” en España y reitera que implica un incumplimiento del contrato que puede desembocar, en última instancia, en un desalojo. “Una huelga laboral es un derecho, pero en relación con los alquileres no existe como tal”, compara. Por ello, considera que sería “importante” que quienes convocan la huelga de alquileres “señalen” las posibles consecuencias de adherirse. “Mientras no existe una regulación de la huelga de alquiler, sí que existe una regulación sobre el desalojo por falta de pagos”, dice. “El desalojo está amparado, regulado y tipificado por la norma”, agrega.
El caso de Nueva York
Ambos expertos coinciden en que el derecho a una huelga de alquileres no está contemplado en ninguna parte, pero matizan que existen casos donde el inquilino está amparado a pagar menos si hay un incumplimiento del contrato por parte del propietario, lo que se considera una huelga de alquileres parcial. Uno de estos casos es el de Nueva York. “Está legalizado que si hay graves desperfectos en la vivienda y el propietario no se hace cargo, el inquilino puede reducirse el alquiler”, explica Bonshoms. “Si el inquilino ha tenido que arreglar paredes, puertas, ventanas... todo eso que ha invertido puede dejar de pagarlo con el alquiler, y eso sería una huelga de alquileres”, apunta.
En España, hacer esto no es legal. “Si dejas de pagar un 10% o un 1% de la renta mensual a tu propietario, este tiene derecho a ponerte una demanda por impago de la renta, y esto puede acarrear un desalojo”, dice el profesor de la UPF, quien opina que legalizar esta cuestión “debería ser el horizonte hacia donde debería irse”. “Igual que un propietario hoy en día con la regulación en la mano puede subir el alquiler si hace una inversión en la vivienda, lo mismo debería ser al revés, ¿no?”, reflexiona.
En este punto, Bonshoms vuelve a defender que los inquilinos puedan plantarse frente a los propietarios, independientemente de que estos sean fondos de inversión o pequeños propietarios. “Un inquilino debería tener toda la legitimidad para plantarse y decir: o me arreglas los desperfectos, o nos organizamos, dejamos de pagar las rentas y le decimos al juez que hasta que no se arregle y no haya una solución por parte de la propiedad, no pagamos el alquiler”, asevera.
Los propietarios advierten de las consecuencias y cargan contra el Sindicato de Inquilinos
Ahora bien, los propietarios son contundentes a la hora de hablar sobre la viabilidad de una huelga de alquileres. “El derecho a no pagar el alquiler no existe”, sentencia el gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Òscar Gorgues, quien cuestiona el “impacto real” que pueda tener la propuesta del Sindicato de Inquilinos y la califica de “el colofón”. “Alguien que se niega a pagar el alquiler tendrá que enfrentarse a las consecuencias”, advierte.
Gorgues critica la acción que plantea la organización en defensa del derecho a la vivienda y pide a sus líderes que se retiren. “El Sindicato de Inquilinos no valora nunca lo que dice porque desde que han aparecido y se han ido implementando las políticas que ellos han propuesto, vamos a peor”, opina el gerente de la entidad. “Les pediría un poco de coherencia. Si hemos aplicado y hecho todo lo que queríais y no ha funcionado, pues retiraos. Aceptad la derrota y dejad que otro proponga soluciones, pero no sigáis en esta misma línea”, lanza.
En una línea similar se expresa el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de Edificios (APCE), Xavier Vilajoana. “Me parece absurdo que pongan en el centro del debate un enfrentamiento entre arrendadores y arrendatarios”, opina. “Si tiene encaje legal o no lo deberá decidir un juez, pero me parece una actitud absolutamente adolescente, con todos los respetos a los adolescentes”, dice.
También se pronuncia la Asociación de Propietarios, que considera la huelga un “error” y alerta de las consecuencias legales que puede conllevar. Su presidente, Sergi Llagostera, asegura que es una acción que “no tiene sentido” y “no es la solución” porque señala a los pequeños y medianos propietarios que alquilan inmuebles y no al Estado, que es “quien debe resolver el problema” de acceso a la vivienda.