El Consejo Superior de Deportes (CSD) confirmó este jueves su decisión de crear una Comisión de Supervisión, Normalización y Representación para tutelar durante los próximos meses el funcionamiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) «en respuesta a la crisis de la entidad y en defensa del interés general de España».
Tras la reunión de la Comisión Directiva del CSD, el presidente de este, José Manuel Rodríguez Uribes, ha instado a los miembros de la Comisión Gestora de la RFEF a limitarse en sus funciones a la mera administración ordinaria de la entidad.
En una comunicación, el CSD anunció que volverá a reunirse el próximo martes, 30 de abril, para analizar la situación general de la RFEF y llevar a cabo, en su caso, nuevas actuaciones en relación con el expediente disciplinario abierto al Pedro Rocha, sobre el que se pronunciará el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en las próximas semanas.
El organismo indicó que al frente de la citada comisión se situarán personas independientes de reconocido prestigio y aseguró que el Gobierno de España ha adoptado esta decisión «para corregir la grave situación que atraviesa la RFEF y para que la entidad pueda iniciar una etapa de regeneración bajo un clima de estabilidad e institucionalidad».
El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, comunicó la creación del órgano de supervisión y normalización a la Comisión Directiva reunida hoy, así como su decisión de instar a los miembros de la gestora a limitarse en sus funciones a la mera administración ordinaria de la entidad, tal y como exige la ley.
En concreto alude al Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas, que indica en el artículo 18.5 que una Comisión Gestora no puede realizar «más que actos ordinarios de mera administración y gestión».
Rodríguez Uribes afirmó que «la situación de la Real Federación Española de Fútbol exige altura de miras y el Gobierno está actuando con seriedad, determinación y responsabilidad».
«Con la creación de esta Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, el CSD preserva el interés general, con el fin de restituir la reputación, el buen nombre y la imagen del fútbol español y culminar el proceso electoral con una Asamblea renovada para el periodo 2024-2028», apuntó.
El secretario de Estado mantuvo que «en los próximos meses, en los que el fútbol español afrontará importantísimos desafíos, con la disputa de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos y con el diseño de la candidatura del Mundial de 2030 como principales hitos, el CSD va a garantizar que el fútbol español mantenga su excelencia a nivel deportivo y destaque por su ejemplaridad también en el plano institucional».
«Es lo que la sociedad española exige y espera de todos nosotros y de las federaciones deportivas», subrayó.
La decisión del CSD mantiene abierta la posibilidad de que Rocha sea proclamado mañana presidente de la RFEF por la Comisión Electoral, una vez que su candidatura fue la única validada con el aval de 107 de los 138 asambleístas posibles el pasado día 12.
El TAD debe resolver todavía el expediente abierto a todos los integrantes de la gestora de la RFEF, incluido Rocha, que la presidió hasta el pasado día 3, por infracciones muy graves, al haberse extralimitado en sus funciones presuntamente.
El TAD abrió el expediente después de recibir una petición razonada del CSD, tras la denuncia cursada a este por Miguel Galán, presidente del Comité Nacional de Entrenadores (CENAFE).
Pedro Rocha, vicepresidente económico de la RFEF desde 2020, asumió el 26 de agosto pasado la presidencia interina del organismo ante la sanción temporal de tres meses que la FIFA impuso a Rubiales, por su comportamiento en la final del Mundial femenino que ganó España y el beso a Jenni Hermoso.
Con la posterior dimisión de Rubiales en septiembre, después de que la FIFA le sancionara 3 años, Rocha pasó a presidir la Comisión Gestora.
El pasado día 12, su proclamación como único candidato a la presidencia para completar el mandato de Rubiales coincidió con la decisión judicial de cambiar su condición de testigo por la de investigado, en el procedimiento por posibles contratos irregulares en la RFEF durante los últimos cinco años, que investiga el juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda.