El Ayuntamiento de Calafell se enfrenta a una reclamación patrimonial por más de 10 millones de euros presentada por la propiedad de los cines al sentirse perjudicada por la modificación urbanística que impide destinar la nave a uso comercial.
Una cadena de supermercados también presentó una reclamación por un importe similar ya que la modificación le impedía instalarse en la nave que ahora acoge los cines, pero finalmente la ha retirado.
El alcalde de Calafell, Ramon Ferré, considera que la retirada de la reclamación de la cadena comercial es por la argumentación presentada por el Ayuntamiento y espera que la propiedad de los cines acabe haciendo lo mismo. Pero de momento la reclamación de MCB Cinema se mantiene y el Ayuntamiento ha iniciado el expediente para rechazarla, por lo que una de las vías que se abriría es llegar a los tribunales si la empresa de los cines presenta recurso.
«Un chantaje»
El alcalde Ramon Ferré señaló en el pleno municipal que la reclamación «es un chantaje. Nunca el interés privado nos puede hacer chantaje. Si no se retira (la reclamación) es una medida de presión». Defiende así el objetivo de mantener los cines porque «es un equipamiento que nos diferencia y es un elemento cultural de primer orden».
El Ayuntamiento suspendió licencias y luego cambió la calificación urbanística
La disputa comenzó porque el Ayuntamiento suspendió licencias de obras en 2023 y posteriormente modificó la calificación urbanística pasando la parcela de comercial a equipamiento privado.
El propietario de la empresa de los cines ya había mostrado la caída de rentabilidad de la exhibición y pretendía un cambio de actividad para la nave, para lo que había llegado a un entendimiento con la cadena comercial.
Pero la modificación urbanística lo impidió, por lo que denuncia la afectación que le ha supuesto y presenta la reclamación por un daño que ha cuantificado. En una primera reclamación patrimonial cuantificó el daño en 6,7 millones y ahora es de unos 10 millones de euros contra los concejales que aprobaron la modificación y los funcionarios que la validaron.
La cadena de supermercados también presentó recurso, pero el Ayuntamiento respondió que la licencia para una superficie no podía presentarla porque no era la propietaria de la nave.
En el último pleno volvió a debatirse el tema. El concejal de Vox, Tibor Rius, alertó del riesgo de la reclamacióny puso en duda que la aseguradora del Ayuntamiento asumiese esa cantidad en caso de condena. Cuestionó además la injerencia en un actividad privada.
La propiedad de los cines tenía un acuerdo con una cadena comercial para la nave
«Hay que preservar el servicio de cine, pero con respeto a lo privado. No se puede obligar a un particular a hacer un actividad concreta en su propiedad y hay que ver cómo defender el interés general de los cines».
En su momento la nave donde están los cines tuvo catalogación de comercial, por lo que podría haber acogido n supermercado, pero tras la modificación urbanística lo limita a una actividad privada.
Cuando se realizó la modificación el gobierno explicó que aquella calificación de comercial fue un error que ya se subsanó y que incluso en el terreno de aparcamiento anexo a la nave sólo se autorizaba la ampliación de los cines.
Zona comercial
En su día el alcalde argumentó que la creación de un nuevo centro comercial en la zona alteraba el Plan parcial del área donde ya hay una superficie de Caprabo, otra de JYSK, Mac Donalds y hasta hace unos meses una nave donde estaba MediaMark y que ha quedado vacía a la espera de un nuevo inquilino.
El alcalde Ramon Ferré dijo que cuando se instaló Caprabo, que en su momento levantó protestas en el comercio local, fue con la condición de que en la zona hubiese unos cines.
El secretario municipal argumentó tras la reclamación de hace unos meses que las modificaciones urbanísticas no dan lugar a indemnizaciones y que la no sostenibilidad del negocio debe demostrarse. En el debate el alcalde defendió que las modificaciones urbanísticas tuvieron informes favorables.
En los últimos años se ha planteado incluso que el Ayuntamiento asumiese la nave de los cines y que pudiese levantadse una superficie comercual en el aparcamiento, pero ese planteamiento no ha prosperado.
En el pleno municipal de esta semana Ramon Ferré mantiene la postura del Ayuntamiento y señaló que «asuminos la responsabilidad y queremos que los cines sigan. Nunca un interés privado puede hacer un chantaje. El Ayuntamiento tiene todo el derecho cuando hay motivos fundamentados».
