Los cuatro mossos d’esquadra que abatieron a los terroristas que perpetraron los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils (Tarragona) han presentado una demanda para reclamar que la Generalitat les indemnice con 1,2 millones en total por las secuelas psicológicas que sufrieron.
La demanda se ha presentado ante los juzgados de lo contencioso de Barcelona después de que el Departamento de Interior les haya denegado, por silencio administrativo, las indemnizaciones que le solicitaron el pasado mes de diciembre.
Los agentes, que fueron reconocidos como víctimas del terrorismo por el Ministerio de Interior, arrastran distintas secuelas psicológicas -que en el caso de uno de los policías ha dado a pie a que se declare su incapacidad permanente para ejercer su profesión- tras abatir a tiros a los miembros de la célula terrorista.
Los demandantes son dos agentes que mataron la noche del 17A a los cinco terroristas que irrumpieron armados en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona), donde arrollaron mortalmente a una mujer, y otros dos que días más tarde abatieron a tiros en Subirats (Barcelona) a Younes Abbouyakoub, el terrorista que huyó tras atropellar mortalmente a 14 personas en las Ramblas.
La demanda, que adelanta hoy el periódico “El País”, expone que los agentes sufrieron lesiones y secuelas a raíz de su actuación y del “suceso traumático” que vivieron, principalmente estrés postraumático severo y reacción aguda al estrés, por lo que llegaron a estar meses de baja.
En concreto, el letrado de los agentes, José Antonio Bitos, del sindicato USPAC, exige indemnizaciones por los daños y perjuicios que sufrieron los policías y de las que no pueden ser indemnizados por los autores de los atentados, dado que todos ellos han fallecido y solo fueron condenados otros supervivientes de la célula no relacionados con los ataques de Cambrils y Barcelona.
Esa situación, sostiene el abogado, “no puede conllevar la frustración de la reparación íntegra del daño sufrido por el agente de la autoridad”, puesto que es la “ciudadanía” a quien los policías sirven la que deben asumirlo, “como consecuencia directa a la protección que la sociedad recibe a cambio”.
La demanda se remite a una sentencia del Supremo que reconoce que los funcionarios que sufran lesiones o perjuicios en acto de servicio deben ser indemnizados y a una instrucción que la Dirección General de la Policía de la Generalitat aprobó en febrero de 2022 en el mismo sentido.
