El Ayuntamiento de Vila-seca acudirá a la justicia para tratar de poner fin a la contaminación de pélets que arrastra la playa de La Pineda desde hace años. Los últimos acontecimientos en las costas de Galicia y Asturias han puesto en el ojo del huracán esta problemática que en los últimos tiempos se ha vuelto casi endémica en el litoral de Vila-seca. Ahora, los servicios jurídicos del consistorio han iniciado los trámites para emprender «las acciones legales oportunas» para que se depuren responsabilidades por la presencia de estas esferas de plástico en la playa.
No es la primera vez que el Ayuntamiento eleva este asunto a instancias superiores, aunque hasta ahora el tema no se había judicializado. En 2019 y 2020, el consistorio ya interpuso sendas denuncias ante la Generalitat de Catalunya, concretamente al Departament de Territori i Sostenibilitat, a la Agència Catalana de l’Aigua y a la Agència de Residus de Catalunya, así como ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para que se investigara el origen de la continua aparición de pélets en La Pineda.
Desde el Ayuntamiento de Vila-seca explican que a lo largo de 2022 y 2023 también se han continuado enviando nuevas notificaciones a los órganos competentes por la presencia de estos plásticos en la arena de La Pineda. Ahora, el municipio va un paso más allá emprendiendo «las acciones legales que estén a su alcance», aunque por el momento no ha especificado cuáles.
El objetivo, tal como señalan desde el consistorio, es poner fin a la aparición de estos plásticos para asegurar la protección de la playa, pero también continuar trabajando en la promoción de su marca turística.
Las nuevas acciones legales anunciadas por parte del Ayuntamiento se producen después de que esta misma semana la Fiscalía de Tarragona avanzara que también investigará los vertidos de pélets que llegan desde hace años a las playas de la Costa Daurada. Una investigación que se abre a instancias del fiscal de Sala del Tribunal Supremo tras el vertido en Galicia que ha devuelto a la actualidad la contaminación de estos microplásticos.
Hace justo siete años, en enero de 2017, el grupo municipal de Vila-seca en Comú sacó a relucir el problema de los vertidos de pélets en la playa de La Pineda, que es el principal foco donde se ha encontrado este material. A raíz de aquella denuncia, el Ayuntamiento de Vila-seca encargó un estudio y empezó a tomar medidas para encontrar el origen del problema.
La ONG local Good Karma Projects, que ha abanderado en los últimos años la investigación contra los pélets en nuestro litoral, ha llegado a detectar estas microesferas en una docena de playas de la costa tarraconense, desde el Delta de l’Ebre hasta Torredembarra. Un estudio suyo determinó que estas bolitas de plástico no llegaban desde el mar, sino desde los barrancos y rieras que desembocan en nuestras playas.
Para tratar de poner freno a este problema, la Generalitat constituyó el pasado mes de septiembre la plataforma Zero Pèl·lets junto a la AEQT, Diputació y Port de Tarragona. Una alianza en la que no está representado el Ayuntamiento de Vila-seca, a pesar de ser el principal municipio afectado. Ayer mismo, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, se refirió a esta ausencia, afirmando que «nada es insalvable» y que tratarán de «recuperar el entendimiento». Mientras, fuentes del consistorio aseguran que todavía no han recibido ninguna comunicación oficial acerca de este asunto.
El asunto llega al Parlamento Europeo
El debate sobre la contaminación de pélets llegó ayer hasta el Parlamento Europeo, donde el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, abrió la puerta a endurecer las condiciones de transporte marítimo de estos plásticos a raíz de la crisis desatada en la costa de Galicia y Asturias. El máximo responsable de medioambiente en el continente afirmó que estos vertidos tienen «un impacto en el suelo, el agua y la vida de la gente» y que hay que «tomar acciones». En el debate, el eurodiputado de ERC Jordi Solé planteó el caso concreto de las playas de Tarragona, que dijo que es «particularmente grave». «Tiene que ser posible encontrar el origen de los vertidos y penalizar a los responsables», señaló, haciendo un llamamiento a que no queden «impunes».
