Dos familias de Torredembarra con dos menores de edad a su cargo quedaron ayer en la calle después de ser desahuciadas. Era la quinta vez en dos años que el Juzgado aplazaba la orden de desahucio a la espera de que las familias encontraran una solución para su habitabilidad, y esta vez no hubo alternativa posible.
Sanae es una de las afectadas por este desahucio. Ella tiene, con su marido, un hijo, Joussof, que este año está cursando primero de la ESO. Con sus tan solo 14 años, Joussof recuerda como «hace dos años nos intentaron echar por primera vez. Vino alguien del Ayuntamiento y nos dijo que teníamos 10 días para irnos». Así fue hasta ayer, cuando ya no hubo más opción.
Junto con Joussof, su padre y Sanae, también vive su hermana y su hijo de 7 años. Sin embargo ayer dejaron de vivir juntos. Ahora es servicios sociales los que se harán cargo de los dos pequeños, mientras que sus padres deberán buscarse la vida.
El último intento de la comitiva judicial antes de echar a Sanae y los suyos de su casa fue el pasado 29 de marzo. Era la cuarta vez que lo intentaban, pero entonces el Sindicat d’Habitatge de Tarragona y otras entidades todavía lo pudieron volver a impedir. Ayer, delante del piso donde vívian estas dos familias, se concentraron más de una veintena de personas dispuestas a impedir, como fuera, que quedaran en la calle. Agrupados frente a la puerta de la vivienda, clamaban justicia a voces: «No se entiende que haya gente sin casa y casas sin gente», «cueste lo que cueste la lucha sigue, de norte a sur, de este a oeste», «Sanae se queda en el barrio» y «ninguna vecina fuera del barrio», entre muchas otras expresiones.
Finalmente, después de casi 2 horas de espera y tras una dura confrontación verbal entre la comitiva judicial y el portavoz del Sindicat d’Habitatge de Tarragona, la comitiva procedió a dar el visto bueno al desahucio. Minutos más tarde, un Mossos d’Esquadra advirtió ser «contundente» con sus acciones e insistió a los allí concentrados en que le facilitaran el proceso de lo que estaba a punto de suceder. Estaba todo escrito, no había vuelta atrás, con lo que en un momento dado, Sanae y su marido mantuvieron una conversación con los miembros de la comitiva y decidieron, al fin, abandonar su vivienda por su propio pie.
Hay informe de vulnerabilidad
La vivienda que ayer fue objeto del desahucio está situada en el número 19 de la calle Major de Torredembarra y es propiedad del fondo buitre Global Panetaria.
Según aseguraron miembros del Sindicat d’Habitatge de Tarragona, las dos familias desahuciadas «disponen de un informe de vulnerabilidad y, por ley, tienen derecho a un alquiler social» algo que, por ley, «el fondo buitre está obligado a ofrecerles». Durante la confrontación verbal, la comitiva apuntó a una «mala fe procesal» por parte del sindicato, por haber hecho el escrito de vulnerabilidad «el día antes del desahucio, sabiendo que todo esto ya hace dos años que se arrastra». Por tanto, «no hay ningún razonamiento justificado para que hoy no se lleve a cabo el desahucio».
Finalmente, después de que las familias se quedaran en la calle, los miembro del sindicato acudieron al Ayuntamiento para «exigir una solución».
