La Associació d’Apartaments Turístics (AAT) de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre ha presentado alegaciones a la ordenanza municipal que regula las viviendas de uso turístico de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
La ordenanza se publicó en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) el 9 de febrero. La asociación ya interpuso una demanda contra el Ayuntamiento de Roda de Berà en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) y, actualmente, prepara alegaciones contra la ordenanza municipal de Salou.
«Nuestro sector ya está regulado, quien marca la normativa es la Generalitat con el decreto 75/2020; algunos ayuntamientos quieren regular lo que no les corresponde», ha afirmado su presidente Joan Calvet en un comunicado.
Calvet ha explicado que hay varios puntos de la ordenanza reguladora de las Habitatges d’Ús Turístic (HUTS) de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que «no respetan las excepciones normativas que vienen impuestas por el Decreto 75/2020 y que son de obligado cumplimiento».
En concreto, ha destacado la división en zonas y los porcentajes de limitación, tanto en Vandellòs como en las diferentes áreas de Hospitalet, las cuales, sostiene, «no aparecen justificadas ni soportadas por criterios claros y objetivos, resultando arbitrarios, puesto que los márgenes van desde el 5% de HUTS en ciertas zonas hasta el 40% respecto al parque total en otras».
Además, según Calvet, la nueva normativa también «rompe con la idea de comunicación previa» tal y como se regula en la normativa superior. «De forma incoherente y poco clara añade controles previos al inicio de la actividad, supervisa autorizaciones que no están en la normativa y duplica trámites en administraciones distintas que atacan a la actividad económica», aseveró.
Asimismo, desde la entidad se cuestiona el sistema de obligaciones que la ordenanza impone a los titulares y gestores de los apartamentos: «Con una vigilancia desmedida, un control a veces incompatible con la protección constitucional de domicilio y la asunción más propia de cuerpos policiales que de sujetos particulares». También ponen en duda el sistema de regulación de infracciones y sanciones.
«Las nuevas ordenanzas de municipios como Roda de Berà, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant o Salou que se han tramitado o están en fase de hacerlo, no ordenan la práctica del sector, sino que impiden aspectos de forma injustificada y, además, lo hacen sin rigor técnico y contraviniendo la normativa general», ha zanjado Calvet.
