Tras el acuerdo de 2023 para que en el Congreso se pueda hablar en catalán, y la posterior aprobación de la ley de Amnistía en 2024, ahora en marzo del 2025 PSOE y Junts per Catalunya sellan el tercer gran pacto de la presente legislatura: la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya.
Las dos formaciones registraron ayer a las 7.43 horas una propuesta de ley orgánica en el Congreso de los Diputados para iniciar el trámite parlamentario de delegación de responsabilidades en favor del Govern, en un documento de 15 páginas y 13 artículos firmado por la portavoz del grupo parlamentario de Junts per Catalunya en la cámara baja, Míriam Nogueras, y su homólogo del PSOE, Patxi López.
El pacto, principalmente, propone que, mediante la delegación de competencias, la Generalitat pase a gestionar los permisos y expulsiones de inmigrantes, así como los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), además del hecho de que los Mossos d’Esquadra puedan estar presentes en las tareas de seguridad de puertos y aeropuertos catalanes.
El punto clave: la «delegación»
De hecho, la «delegación» y no el «traspaso de competencias» es el punto clave que ambas formaciones han acordado para saltar el posible veto del Tribunal Constitucional. Por ello, lo que se registró ayer es iniciar el trámite para aprobar una ley de «delegación» mediante el artículo 150.2 de la Constitución, de forma que una vez tenga el aval del Congreso –tras una más que previsible tortuosa andadura por las Cortes Generales– sea el Parlament de Catalunya la cámara que pueda decidir en el futuro cómo se gestionará la inmigración en Catalunya mediante una ley. El modelo que se quiere seguir es el de la implantación hace años de los Mossos d’Esquadra, que cuentan con una legislación propia catalana.
En la exposición de motivos de la propuesta de ley, PSOE y Junts indican que «a lo largo de los últimos cuarenta años, Catalunya ha crecido en dos millones de habitantes, siendo actualmente el 18% de la población de nacionalidad extranjera», un hecho que «impacta en la lengua catalana». Socialistas y juntaires detallan que «se hace necesario acercar la gestión de dicho fenómeno a las administraciones más cercanas».
El objetivo es establecer «un nuevo contrato social atractivo para las personas recién llegadas que, por un lado, debe servir para protegerlas ante la potencial vulneración de sus derechos, y brindarles más oportunidades, así como para proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura».
Un pacto «troncal» en Bruselas
El pacto contempla que «se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución y notificación de la resolución» de las solicitudes de autorización de estancias de larga duración y las residencias temporales y de larga duración realizadas por personas extranjeras.
La propuesta de ley orgánica de delegación también prevé que la Generalitat pueda tramitar los procedimientos de expulsión. En este caso, se detalla que el Govern pueda gestionar las devoluciones de aquellas personas extranjeras que, para su expulsión, «no requieran de la tramitación de expediente», mientras que para los que sí que lo requieran –como los casos de terrorismo o mafias– se tramite en el seno de la Junta de Seguridad, presidida por el President de la Generalitat.
Las fuentes consultadas resaltan que el punto de la expulsión, junto con la tarjeta de identificación y la gestión de los CIE –en Catalunya hay uno, en la Zona Franca–, fueron los últimos aspectos que se sellaron de un pacto que es «troncal» en el acuerdo de Bruselas entre PSOE y Junts.
«Todo lo que tiene que ver con una persona que viene del extranjero pasará por la Generalitat», destacó ayer el presidente de Junts, Carles Puigdemont, quien reconoció que, con el pacto, la falta de confianza de hace unas semanas con el PSOE «ha disminuido un poco».
Por su parte, el President de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), destacó que «cualquier avance competencial y de mejora del autogobierno es siempre bienvenido», detallando que el Ejecutivo procurará ejercer sus competencias con «el máximo rigor y responsabilidad».
1.800 Mossos más
Paralelamente, el pacto entre juntaires y PSOE establece que «se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya, a través de los Mossos d’Esquadra como policía integral, las facultades de garantizar la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, la garantía del mantenimiento del orden, la seguridad ciudadana, la prevención e investigación de actos delictivos y, en general, el ejercicio de todas las funciones comunes en los puertos y aeropuertos».
En este sentido, el pacto establece el objetivo de que el cuerpo de seguridad autonómico cuente con 26.800 agentes en el año 2032, una cifra que supone un incremento de 1.800 respecto a los 25.000 que inicialmente se había planteado el Govern de la Generalitat hace meses».
Pese a la presencia de los Mossos en puertos y aeropuertos, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (PSOE), sostiene que la administración central «no cede el control de fronteras a los Mossos, que actuarán en las fronteras en aplicación de las competencias que recoge la ley en colaboración y en coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado».
La delegación de competencias a los Mossos generó, asimismo, discrepancias entre los sindicatos. Desde USPAC de los Mossos, Albert Palacios aseguró al Diari que, en estos momentos, la Escola de Policia de Mollet «no está preparada» para asumir un incremento de aspirantes a ser mosso, a la vez que recordaba que «en pocos años», la mitad de la plantilla «podrá pasar a una segunda actividad» porque tendrá más de 57 años. «Lo que debería hacerse es centrarse en la criminalidad y la delincuencia. Ahora no se pueden asumir más competencias», indicó.
Paralelamente, asociaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil criticaron la cesión de competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya, lo que a su juicio supone «un ataque frontal al Estado de derecho», y exigen la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (PSOE).
