Las Cortes valencianas han aprobado este jueves la llamada «ley de libertad educativa», propuesta por el Partido Popular y VOX, que prevé que sean las familias y no el consejo escolar quienes determinen, a través de una consulta telemática, la lengua vehicular mayoritaria en las aulas.
La reforma hará que la decisión de formar a los alumnos en catalán o en castellano quede en manos de la mayoría de los padres y madres, y arrinconará el catalán en las aulas, según los detractores de la norma.
El gobierno valenciano, en manos de PP y VOX, ha defendido la reforma y ha argumentado que la presencia del catalán o valenciano en el sistema educativo era una «imposición».
Por su parte, la comunidad educativa ha mostrado en los últimos meses su rechazo a esta reforma, incluso convocando manifestaciones en las que participaron miles de docentes y estudiantes.
Desde Escola Valenciana, entidad cívica cuyo principal objetivo es la normalización lingüística, aseguran que «esta ley puede llevar a una situación irreversible» para el valenciano en la comunidad autónoma.
El control de À Punt
Aparte de la ley educativa, las Cortes Valencianas han aprobado este jueves la reestructuración de la radiotelevisión pública de la comunidad, À Punt, que, a partir de ahora, además de emitir en valenciano, deberá hacerlo en castellano.
Además, la televisión dejará de tener un consejo rector formado por cinco miembros elegidos por Las Cortes y otros cinco elegidos por órganos independientes; y pasará a estar gobernada por un consejo de administración en el que 7 de los 8 miembros estarán designados por los grupos parlamentarios y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
