Francia fue el primer país de la Unión Europea que traspuso a su legislación nacional la directiva europea de derechos de autor, y justo es este caso el que los creadores españoles no quieren que se replique aquí porque instauraría una práctica de "acuerdos opacos" entre plataformas y empresas.
Así lo han denunciado desde la plataforma "Seguir creando", que agrupa a más de 45 asociaciones de creadores españoles, ante el anuncio del Gobierno español de seguir "fielmente" la directiva europea aprobada en 2019 y que será traspuesta a la normativa española el próximo 2 de noviembre tras su aprobación en el consejo de ministros.
En concreto, de aplicarse el modelo francés, según "Seguir creando" se instauraría una práctica basada en "acuerdos opacos, sin transparencia alguna", entre plataformas y empresas.
De ser así, y según los creadores, se instalaría en España la "ley de la selva" en Internet "imposibilitando" que (según citan literalmente de la Directiva) "los autores de las obras incorporadas a una publicación de prensa reciban una parte adecuada de los ingresos que las editoriales de prensa perciban por el uso de sus publicaciones de prensa por parte de prestadores de servicios de la sociedad de la información".
El modelo francés
Pero, ¿qué ha pasado en Francia desde que en 2019 se traspusiera la normativa europea de derechos de autor? Pues esta ley establece en el país galo que los creadores de contenidos informativos tienen derecho a recibir una compensación económica por parte de quienes reproduzcan total o parcialmente sus productos, aunque la forma en que se definieron esos contenidos no fue del todo precisa y dio lugar a interpretaciones.
La medida obliga a las empresas de internet (como Google o las redes sociales) a negociar la concesión de licencias de reproducción de esos contenidos con los editores de publicaciones y con las agencias de prensa.
Google recurrió esa obligación ante el Tribunal Supremo, que sentenció en su contra en 2020, tras lo cual negoció y alcanzó un acuerdo con la asociación que agrupa a los diarios franceses (APIG).
Posteriormente, Google fue multada en julio pasado con 500 millones de euros por la Autoridad de la Competencia francesa por no negociar de buena fe, decisión que fue recurrida por la empresa ante los tribunales.
Facebook y APIG anunciaron este mes un acuerdo para la obtención de licencias y el uso de contenidos por la red social, aunque no se divulgaron las cantidades pactadas. Con la mirada de los creadores españoles puesta en Francia, la Agencia EFE hace un recorrido por varios países europeos para conocer la situación sobre esta normativa.
El caso alemán
El Bundestag (cámara baja alemana) aprobó el pasado 20 de mayo la ley para la transposición a la legislación nacional de la reforma europea de derechos de autor. La norma fue impulsada por los principales grupos editoriales alemanes y fue considerada un éxito en la defensa de los derechos de autor; así, y tras su entrada en vigor, se obligaba a los buscadores de Internet a adquirir licencias de los editores de prensa germanos por difundir sus contenidos.
Pero por ahora ésta no tendrá impacto, ya que Google consiguió darle la vuelta el pasado mes de julio y de momento no pagará por enlazar las noticias de los medios de comunicación alemanes al haber conseguido que la mayoría de los grupos editoriales del país le autoricen a seguir haciéndolo sin desembolsar un euro.
Según informó el gigante americano, tras conseguir el "sí" de la mayoría de los medios de comunicación alemanes, excluirá de su servicio de noticias Google News a los medios que no den su consentimiento explícito para verse incluidos de forma gratuita. Blogeros y revistas de tecnología online subrayaron el miedo de las editoras a quedarse fuera de Google y señalaron como significativo el caso de Axel Springer, propietaria de los diarios Bild y Die Welt, entre otros, que se destacó en favor de la ley y que ahora ha dado su consentimiento.
Un portavoz de Google dejó claro que se trata de una autorización temporal, mientras se estudian las modificaciones técnicas que pueden necesitar sus medios digitales para proteger los derechos de propiedad intelectual.
Italia, a la espera
En agosto, el Consejo de Ministros de Italia aprobó un proyecto que reconocía la directiva europea sobre derechos de autor y que actualmente está en estudio en el Parlamento, antes de ser publicado en el Boletín Oficial y adoptado definitivamente.
El documento establece que las plataformas digitales, incluidas las redes sociales, tendrán que disponer de la autorización de los titulares de los derechos cuando otorguen acceso público a obras protegidas por derechos de autor subidas por sus usuarios, con la excepción de enciclopedias online y otros textos de repertorio didáctico y científico.
Una de las normas principales es la compensación económica por parte de estas plataformas a los gestores de contenidos periodísticos y otras publicaciones por la utilización de sus artículos.
Los usuarios que utilicen estas noticias para uso privado o no comercial no tendrán que pagar, ni tampoco aquellos que empleen hipervínculos, palabras sueltas o extractos muy breves.
Italia, como así le sucedió a España, fue uno de la veintena de países expedientados por la Comisión Europea en julio por los retrasos en la incorporación de esta directiva de derechos de autor.La situación en el resto de países de la UE.
El pasado 7 de junio terminó el plazo para que los países de la Unión Europa incorporaran a la legislación nacional esta directiva de derechos de autor, que la Unión Europea aprobó con el objetivo de que artistas, escritores o periodistas recibieran una mayor remuneración por sus obras publicadas en internet.
Hasta la fecha, solo Alemania, Hungría, Malta y Países Bajos han comunicado a la Comisión Europea la completa transposición de la directiva. Francia, Dinamarca, República Checa y Lituania lo han hecho parcialmente, mientras que el resto, entre ellos España, que al no haberla incorporado a su marco jurídico Bruselas les abrió un procedimiento de infracción el pasado 26 de julio.
El pasado mes de junio, antes de que terminara el plazo para transponer la norma, la Comisión Europea publicó unas directrices para aclarar el equilibrio en internet entre el derecho a la propiedad intelectual y el de la libertad de expresión y el papel de las grandes plataformas para garantizarlo.
Facebook o TikTok
Plataformas como Facebook, Youtube o TikTok deberán llegar a acuerdos con los propietarios de derechos de autor para que sus contenidos se puedan seguir mostrando en sus páginas webs, aunque si no alcanzan ese pacto, estarán exentas de bloquear la publicación si demuestran que han hecho todos los esfuerzos para firmar el contrato. Además, Bruselas explicó cómo deben actuar los algoritmos encargados de detectar el contenido sujeto a derechos de autor, uno de los aspectos más polémicos del texto.
Los algoritmos deberán ser capaces de detectar, por ejemplo, si un usuario ha colgado en Youtube una película completa grabada en el cine de forma ilegal. En ese caso, deberán retirarla, pero no si una persona utiliza un pequeño fragmento de ese filme para comentarlo en un vídeo personal. Los filtros tampoco podrán eliminar las fotografías o memes que se publiquen a modo de parodia, ni los enlaces en enciclopedias como Wikipedia que no tienen ánimo de lucro.
