El Gobierno ha comunicado oficialmente a varios portales de internet que si no retiran de inmediato la publicidad de prostitución que difunden de forma ilegal serán sancionados con multas que pueden superar los 100.000 euros y que, incluso, pueden suponer el cierre de las páginas web.
El apercibimiento a las plataformas es el resultado del paso al frente dado por el Ministerio de Consumo para aplicar la prohibición de todo acto de difusión o promoción de la prostitución en España que incluye, desde el 7 de octubre pasado, la Ley General de la Publicidad.
Fue el día en que entró en vigor la disposición de la ley del solo sí es sí que modificó la norma y declara ilícitos estos anuncios, permitiendo que tanto el autor como el difusor sean perseguidos con las fuertes multas y demás castigos que incluye el régimen sancionador.
El ministerio que dirige Alberto Garzón ha enviado requerimientos a estas empresas en los que las advierte de que publicitar la prostitución -o contenidos directamente relacionados con ella como servicios de «escort», «acompañante» o «masajista»- es ilegal.
Por ello, les exige que, «de forma inminente», cesen en sus infracciones y retiren de las web los espacios que venden para que se promocionen quienes ejercen o se lucran con la prostitución. Si ignoran el requerimiento legal, las avisan, incurrirán en una infracción grave y serán sancionadas con toda dureza.
La ley de publicidad, gracias a la enmienda de la ley del solo sí es sí, no solo prohíbe la publicidad que «promueva la prostitución» sino también los anuncios que «utilicen estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes» y los que presentan a las mujeres «de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar».
Los requerimientos son el resultado de una investigación al efecto realizada en los últimos meses por el Observatorio de Internet del Ministerio de Consumo, que examinó unos 400 anuncios sobre prostitución y procesó 5.600 datos. No solo son anuncios ilícitos. La totalidad incluyen fotografías de contenido sexual, bastantes más de la mitad hacen referencias directas al cuerpo de quien se prostituye y el 62% usa en el texto de la promoción adjetivos con contenido sexual.
Eufemismos
La investigación, además, aporta otros dos elementos significativos. Con la intención de intentar sortear o ignorar la legislación vigente, las protagonistas de los anuncios ilícitos, en su gran mayoría mujeres, se identifican como «escort», expresión que aparece en el 90% de las web analizadas y en los espacios publicitarios de los portales.
Es el término anglosajón inicialmente usado para definir a una acompañante de pago de alto nivel -cuyo contrato puede incluir o no la práctica sexual-, pero que en la actualidad se usa de forma generalizada como sinónimo discreto, pretencioso y políticamente correcto de prostituta.
La tercera conclusión de la investigación es que el barrido hecho por el observatorio de Consumo permitió detectar «conexiones» entre las principales web que publican anuncios de prostitución en internet, dándose la circunstancia difícilmente casual de que un tercio de los portales analizados pertenecen a la misma empresa publicitaria.
Si en las próximas semanas es posible investir un presidente del Gobierno, lo que permitiría que eche a andar la nueva legislatura, una de las proposiciones de ley que volverá al Congreso con alta probabilidad será la impulsada por el PSOE para castigar con penas de prisión cualquier tipo de proxenetismo, incluido el simplemente lucrativo, lo que equivale a ilegalizar el negocio de la prostitución en España.
La norma, cuyo debate quedó abortado con la disolución anticipada de las cámaras, no cuenta en principio con el apoyo de la mayoría de partidos nacionalistas y de izquierda, pero los socialistas podrían sacarla adelante con el respaldo del PP, que se mostró de acuerdo con la mayoría del contenido de la propuesta.