Los españoles están a la cabeza mundial del compromiso con la defensa de los derechos de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales y también de la repulsa a los ataques y los actos discriminatorios contra ellos. Es la conclusión de la macroencuesta realizada por la multinacional demoscópica Ipsos en treinta países de los cinco continentes, con la que chequea la situación actual de los ciudadanos LGTBI en coincidencia con la semana de celebración del Orgullo.
España es un país pionero en el objetivo de garantizar por ley la igualdad de derechos de estos colectivos y lo es, muy posiblemente, porque estas políticas y avances sociales, que en numerosos estados se niegan por completo o se recanean, cuentan con un muy amplio consenso social. Al menos eso es lo que apuntan los resultados del estudio. Los españoles están entre los tres países que más apoyan la existencia del matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho que entró en nuestro Código Civil en 2005 de la mano del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ocho de cada diez ciudadanos respaldan su aprobación, 22 puntos por encima de la media mundial y solo un poco por detrás de portugueses y holandeses. En lo que España sí que está a la cabeza mundial en solitario es en el apoyo absolutamente mayoritario a la posibilidad de que las parejas LGTBI puedan adoptar con los mismos derechos y obligaciones que el resto. El 80% de los preguntados dieron su aprobación, 16 puntos por encima de la media de los demás países. En ambos casos las mayorías españolas destacan aún más porque la tendencia contraria avanza en muchos estados, incluidos EE UU o Canadá.
La posición española es igual de favorable a todo el bloque de derechos que busca terminar con los ataques y la discriminación de los transexuales, una regulación en positivo que, según reflejan los propios autores, en muchos países "levanta ampollas". Los españoles, de hecho, son junto con los italianos los europeos que más denuncian que este colectivo está discriminado en todos los ámbitos y los más partidarios de revertir una situación injusta y de proteger a los trans frente a la marginación en el empleo, la vivienda o el acceso a lugares públicos. Así lo defiende el 76%, en sintonía con el contenido básico de la ley LGTBI-Trans que el Congreso aprobó en febrero pasado con el rechazo de la derecha. El respaldo a las medidas es especialmente importante entre las mujeres y los más jóvenes.
Según el sexo sentido Niveles de apoyo próximos al 60%, en la cabeza europea, dan también los españoles a que las instituciones garanticen la inclusión de las terapias y las operaciones de cambio de sexo en la cartera de prestaciones financiada desde la sanidad pública y que el DNI y el resto de documentos oficiales incluyan una tercera casilla para las personas que no se identifican como hombre o mujer.
También son posiciones mayoritarias entre los españoles el derecho de las personas transgénero a utilizar las instalaciones públicas, como los aseos, según el sexo con el que se identifiquen y que las autoridades deben garantizar la atención especializada física y psicológica para los niños y jóvenes que quieren transitar entre sexos.
La especial sensibilidad española en estas materias puede guardar alguna relación con una característica de su población adulta. Es el segundo país del mundo con una mayor proporción de ciudadanos pertenecientes a colectivos LGTBI. Hasta el 14% de los residentes de entre 18 y 75 años, casi cinco millones de personas, indicaron tener una opción sentimental distinta de la heterosexual, según los datos de la macroencuesta. Un 6% se identifica como homosexual y un 5% como bisexual.
Se trata de un resultado llamativo, solo superado por el 15% de Brasil. Es una proporción aproximadamente un 50% superior a la media de población LGTBI de los 30 países analizados, que quedó fijada sobre el 9% de los adultos. La proporción de 'no heteros', además, aumenta entre los más jóvenes, con un 18% para los nacidos con el siglo.