La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) ha pedido este viernes al Gobierno que rectifique y «corrija las graves deficiencias» de la orden ministerial que permite recuperar periodos de prácticas y programas de formación investigadora para incluirlos en el cómputo de la jubilación.
La orden, incluida en la reforma de las pensiones y aprobada el pasado 30 de abril por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, beneficia a antiguos alumnos universitarios, de Formación Profesional y de enseñanzas artísticas superiores, profesionales o deportivas.
Desde la Cosce, que agrupa a 88 sociedades científicas que representan a más de 40.000 científicos, aseguran no poder estar «más de acuerdo» en que es necesario corregir esta deficiencia presente en la carrera profesional de decenas de investigadores, recuerda la organización en una nota.
Sin embargo, la norma aprobada por el Gobierno «en algunos aspectos no solo no lo hace sino que la empeora», lamentan las sociedades científicas.
Por ejemplo, explica la Cosce, en lo que respecta a la regularización de la actividad de los becarios de investigación, la orden ministerial publicada en el BOE el 1 de mayo obliga a pagar la cuota completa, incluida la de la empresa, y toma como base la cotización para la jubilación vigente en 2024, independientemente de la fecha en la que se disfrutó de la beca.
Esto significa que una persona que cobrara una beca de 600 euros mensuales tendrá que pagar ahora 290 euros al mes durante tantos meses como durara la situación a la que se refiere la regulación hasta un máximo de cinco años, explica la nota de la Cosce.
Pero esos 290 euros/mes «suponen un 48 % del salario que se cobró entonces» y son «una cantidad claramente desproporcionada» si se tiene en cuenta que la cuota que se paga con un contrato laboral es del 4,7 %, denuncia la Cosce.
Para la Cosce tampoco es «adecuado» reducir a cinco años el periodo regularizable porque hay investigadores que recibieron becas, sin cotización ni otros derechos laborables, durante periodos mucho más largos.
Por todo ello, concluye la nota, han pedido al Gobierno «una rectificación de esta orden ministerial que corrija sus graves deficiencias».
